El supuesto golpe de Estado no fue el tema central del primer gabinete itinerante, realizado en Cariamanga, Loja, luego del 30- S.EEl 19 de noviembre, el presidente Rafael Correa y sus ministros analizaron una supuesta falta disciplinaria de un grupo de asambleístas de Alianza País.
En el Instituto Tecnológico Cariamanga, desde las 11:00, a puerta cerrada, se pasó revista a la forma en que el bloque tramitó varios proyectos de ley. Pero el que más comentarios desató fue el veto a la Ley de Servicio Público.Richard Espinosa, ministro de Relaciones Laborales, proponente de la Ley, se reclina en un sofá de cuero negro, en su oficina del edificio de la Clemente Ponce y Piedrahita. Esta última calle atraviesa también el Palacio de Justicia y la Asamblea, en la capital.
Por unos minutos, el Ministro lo piensa, como si tratara de recordar lo dicho ese día y finalmente niega haber pedido la cabeza de algún legislador. Sin embargo, admite haberle comentado al presidente Correa su versión de cómo se desarrolló esa votación.
El 29 de septiembre estuvo pendiente de lo que ocurría en el Pleno. El Subsecretario de Políticas y Normas y su asesor lo mantenían al tanto. Le inquietaba el artículo sobre la compra de renuncias con bonos, que finalmente no se aprobó según lo acordado en un taller con Correa.
“La gente entendió perfectamente su bondad y se llegó a un acuerdo. Pero lamentablemente de repente aparece alguien. Un asambleísta por ahí comenzó a comentar una información, que no era la precisa…”.
¿Quién? Desde el 19 de noviembre, en los pasillos del Legislativo y de algunos ministerios, se escucha el rumor de que en ese gabinete, el Jefe de Estado habría pedido que la Comisión de Ética y Disciplina del movimiento, conformada en Guayaquil, el 14 de noviembre, revisara la actuación de Virgilio Hernández.
El legislador es visto como uno de los líderes de la bancada. Se ubica en el ala considerada más deliberante del bloque. Junto a Paco Velasco, María Paula Romo y Rosana Alvarado, encabezó el pedido del juicio político al Fiscal Washington Pesántez.
En el Pleno ha sido elogiado por César Montúfar y Paco Moncayo. Sus gestiones fueron aplaudidas por Senplades, tras la aprobación del Código de Planificación y Finanzas., el 14 de octubre. Aunque sus opiniones no siempre son bien vistas por sus coidearios.
En el segundo debate de las reformas a la Ley de Transporte les pidió a ellos y al Gobierno no dejarse presionar por los transportistas. Esto pese a que hasta ese día había un acuerdo con el gremio.
Lo apoyaron Fernando Bustamante y Romo y hasta compañeros de la orilla más cercana al Ejecutivo, que piden mantener sus nombres en reserva. Pero están enterados del pedido de que Hernández vaya a la Comisión de Disciplina. Además, comentan que no es el único nombre. Existe una especie de lista negra integrada por quienes no estarían en los planes del movimiento para futuras elecciones.
Un legislador tiene presente lo que comentó una Ministra de Guayaquil: “Que se coloquen atrás los traidores…”, en referencia a quienes no ratificaron el veto a Servicio Público, en su totalidad.
Eso ocurrió el 30- S, antes de la rueda de prensa que Irina Cabezas, presidenta encargada de la Legislatura, diera ese día en el Consejo Nacional Electoral, rodeada de sus coidearios.
Carlos Marx, director del SRI, preside la Comisión de Disciplina. No quiso hablar del tema por considerar que debe ser tratado dentro de Alianza País. Tampoco la alcaldesa de Babahoyo, Carla Chávez, que en principio aceptó conversar con este Diario.
Sin embargo, Doris Soliz, ministra de Coordinación Política, en unas declaración otorgada en la segunda semana de diciembre (esta semana no aceptó ser entrevistada), evidenció lo importante que es para el Ejecutivo contar con un bloque sin matices…
“En esta nueva etapa, Alianza País busca una bancada que lidere las propuestas legislativas que conlleven al cambio que el país necesita. Queremos una bancada disciplinada, coherente, comprometida orgánica y políticamente con los objetivos de cambio y el programa de Alianza País”.
La Ministra aceptó que el 29 de septiembre se decidió aplicar la muerte cruzada. A su juicio, la labor de la Asamblea era reiteradamente obstruida por maniobras de la oposición. Esto porque otros bloques comprometieron sus votos introduciendo cambios en las leyes propuestas por el Ejecutivo, pero luego votaron en contra de sus iniciativas, como ocurrió en la Ley de Educación Superior.
“Su afán era boicotear la labor de la Legislatura y del Ejecutivo. A esto se sumó a una grave falta disciplinaria de un grupo de asambleístas de A. País, que no votaron según lo acordado en S. Público”, dijo la minisrtra.
A Hernández, uno de los seis coordinadores le extraña el comentario de Soliz. Responde que la Ministra no ha hecho esa reflexión en el bloque. Ni siquiera el día en que él sometió el tema a debate frente a ella; Galo Mora, secretario General del movimiento, y sus compañeros.
Para él, una reunión de la bancada, realizada el 28 de septiembre, la víspera de la votación, habría generado incertidumbre a la hora de votar. No hubo un solo criterio en temas como las condecoraciones de los policías, las horas de trabajo de médicos y enfermeras, la renuncia obligatoria… Él no participó, estuvo en una cita clave para la aprobación del Código de Planificación con el titular de la Senplades, el presidente de la Asamblea, Velasco y el Ministro de Finanzas. Sugirió a Juan Carlos Cassinelli que pidiera a Fernando Cordero detener la sesión para aclarar posiciones, pero no se aceptó su idea.
Por eso la votación de ese veto es diversa. En dos de las 23 mociones, propuestas al Pleno, solo 19 de 57 oficialistas se alinearon a la ratificación, por ejemplo.
Cassinelli, también coordinador, confirma que Hernández ya enfrentó el rumor en una sesión. “Hizo lo correcto”.
Para él lo que hubo el 29-S fue una falta de organicidad, superada; una situación interna que evidencia que no son “alza manos”. Niega que Hernández o alguien más haya liderado la idea de no ratificar ciertos artículos, como habría argumentado Espinosa en Cariamanga.
Además indica que Hernández es uno de sus asambleístas más destacados. “Así lo he visto desde el primer día que lo conocí, tiene opiniones muy claras y su aporte con el Cootad fue fundamental. Maneja muy bien su comisión”.
Cassinelli desecha los rumores de que él está a cargo de “ajustar cuentas con Hernández en el bloque”, como deja entrever un breve publicado en la edición del 3 de este mes de revista Vanguardia. Dice que esa información busca crear malestar. El único pedido que le ha hecho a la Comisión de Disciplina es revisar la actitud de Washington Cruz, asambleísta por Europa, Asia y Oceanía. Tuvo que ser reemplazado de urgencia por Eduardo Paredes en la votación del veto a la Ley de universidades, lo que provocó suspicacias del MPD y otros grupos.
Pero Cassinelli sostiene que si el Ejecutivo pidió analizar a Hernández, “debe tener sus razones… Si hay algún señalamiento y él (Correa) ha indicado la ruta, lo pertinente es que se le otorgue el derecho a ser escuchado”.
Hernández solicitó a sus compañeros aclarar si él cabildeó algún voto en contra del veto. Cree que eso es incluso ofensivo para sus compañeros, que no esperan directrices para actuar.
No encuentra motivos para eser expulsado. “Es más fácil buscar un culpable antes que asumir responsabilidades y ver dónde están los errores en la relación Ejecutivo- Legislativo… Es más fácil que un Ministro diga tal persona tiene la culpa antes que analizar en qué nos equivocamos”.
Hernández dice estar absolutamente abierto a aclarar el tema en la Comisión de Disciplina.
“Si no hay los canales de confianza para hablar directamente y hay que recurrir a los mecanismos instituidos, estoy abierto…”.