Aunque Alianza País retuvo la conducción de la Asamblea, ya no tiene la garantía de imponer su agenda con la facilidad de los dos primeros años del actual período parlamentario.
Los líos que el oficialismo tuvo para mantener la mayoría en el Consejo Administrativo de Legislatura (CAL) evidencian un escenario legislativo diferente.
La deserción de seis asambleístas y la dependencia de otros sectores para tramitar leyes con alto costo político son dos factores que obligan a A. País a replantear la forma de capitanear al Congreso.
Tras el festejo de la noche del jueves, en la sede del movimiento en Quito, sus diputados parecen poner los pies sobre el nuevo escenario legislativo.
Admiten que debe tener un cambio de actitud que les permita garantizar la aprobación de proyectos legislativos que el Gobierno califica de prioritarios, como la ley de medios o la nueva reforma tributaria.
“Es importante mantener una mayoría de base. Esto implica un cambio de actitud política del movimiento. Antes solo se discutía en el bloque, pero ahora implica ejercicios previos de difusión y debate con los actores de la Plataforma democrática”.
Con esas palabras, Virgilio Hernández admite que la bancada ya no solo debe ponerse de acuerdo casa adentro, sino con el Partido Socialista y otros cuatro movimientos independientes con representación en el Congreso (ver breves). Y revela que desde ciertos sectores aliados ya han expresado ciertas observaciones a proyectos sensibles y estratégicos, como la Ley de Comunicación.
Este tipo de observaciones confirman a la lista 35 que los acuerdos que permitieron viabilizar la reelección de Fernando Cordero tuvieron un carácter puntual. Y que no significan un seguro para la aprobación de las leyes.
Más aún cuando están en carpeta proyectos que pueden afectar el capital político individual de los legisladores. Uno de ellos es la reforma tributaria, anunciada desde enero, que incluye medidas como impuestos a vehículos y a botellas plásticas, bajo un membrete ecológico.
De ahí se entienden declaraciones como la de Gastón Gagliardo (A. País), quien afirmó que se hace imperativo abrir las puertas del movimiento a otras bancadas.
Incluso, en Alianza País se menciona la posibilidad de confluir con legisladores de oposición, pues consideran que en ese lado de la orilla no haya una consistencia ideológica que los una.
No obstante, los sectores de izquierda ya dejaron en claro que solo un real cambio de actitud del partido de Gobierno permitirá avanzar un diálogo.
“Ellos deben estar conscientes de que hay un nuevo momento político y que necesitan dialogar con la oposición. De lo contrario todo se les pondrá cuesta arriba”.
Así lo anticipa Gustavo Larrea, dirigente de la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de Izquierdas, que aglutina a Pachakutik, MPD, Montecristi Vive y otras organizaciones sociales con una postura crítica frente al Ejecutivo.
Sin embargo Larrea, ex ministro de Gobierno de Rafael Correa, cree que será difícil que se cristalice esa apertura al diálogo anunciada por A. País. Entre otras razones, porque desde la Asamblea Constituyente -dice- el Gobierno y sus diputados se acostumbraron a imponer su agenda sin mayor discusión política y social.
En este escenario, el paso inmediato que deberá dar el CAL -dominado por el Gobierno- será la distribución efectiva de las comisiones legislativas. Según la oposición, en esa distribución también se medirá si continúa o no el espíritu avasallador de A. País.