Aun año de prisión correccional y el pago de USD 40 de multa sentenció el Tribunal Segundo de Garantías Penales de la Corte de Chimborazo a Lola Maldonado, Aníbal Oleas, Elías Yépez y Luis Carvajal Novillo.
Todos ellos son empleados de la Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) y fueron procesados por atentar contra la seguridad interna del Estado durante la sublevación policial del pasado 30-S en Riobamba. Los imputados fueron acusados por el fiscal, George Sotomayor.
Luis Carvajal Novillo, ex intendente de Policía en el actual Régimen e imputado en la causa, dijo que durante todo septiembre del 2010 se mantuvieron en protestas por la Ley de Educación Superior. “Coincidió con la revuelta policial y en eso nada tenemos que ver”, aseguró.
Indicó también que apelará a todas las instancias posibles y acudirá hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Me hacen un daño en lo personal, profesional y familiar”.
Entre tanto, Carlos Castro, gobernador de Chimborazo, aseguró que la sentencia dictaminada se siguió por el proceso de sabotaje y terrorismo. El fiscal que inició la acusación de oficio tomó esa iniciativa. No hubo una denuncia o acusación particular de nadie del Gobierno.
“Las denuncias de Luis Carvajal las hizo hace mucho tiempo. Eso no tiene ninguna relación con la resolución del Tribunal Penal. No hay persecución política”, afirmó Castro.
Édgar Samaniego, jefe político de Riobamba, dijo que el 30-S actuó como Gobernador (e). Ese día los trabajadores de la Unach comenzaron a reunirse. Pidió que se cierren las puertas para evitar problemas y resguardar la integridad de los funcionarios. Luego comenzaron a golpear las puertas. Por eso solicitó que se abrieran nuevamente. En ese momento, ingresaron a las instalaciones y hubo gritos en contra del Gobierno y destruyeron algunos bienes del edificio.
Se escribió un grafiti contra el Régimen. “Intenté dialogar, pero me insultaron. La sanción fue tomada según la Ley”.