El Plan de Aseguramiento Popular se suspende, el Gobierno asumirá el plan
Redacción Guayaquil
guayaquil@elcomercio.com
La rutina en las afueras del Ministerio del Litoral, en el norte de Guayaquil, no fue igual la mañana de hoy. Frente a la puerta principal, el Ministerio de Salud atendió a sus pacientes en dos carpas y tres unidades móviles marcadas con el eslogan ‘la salud ya es de todos’.
Y a solo una cuadra, en un terreno baldío, los médicos del Plan de Aseguramiento Popular (PAP) armaron sus consultorios y una pequeña farmacia con medicinas. Con camillas y escritorios improvisaron puntos de atención.
Todo ese movimiento tenía una justificación. Desde las 10:00, en el piso 9 del edificio de Gobierno, se debatía el futuro del PAP. Y tras una hora y media de diálogo, las autoridades de salud ratificaron su decisión: asumir el servicio de salud desde el 1 de febrero.
El subsecretario de Salud del Litoral, Marcelo Aguilar, dijo que cambiará la forma de ejecución de los fondos (USD 7,8 millones). Mientras que Samia Peñaherrera, gerente de la Fundación para el Aseguramiento Popular, aseguró que la medida es inconstitucional, pues se suspendió un convenio que era indefinido.
La antesala del anuncio oficial estuvo marcada por la confrontación. En la mañana, la pugna fue solo en cuanto a ofertas de salud.
El Ministerio ofreció atención en medicina general, odontología, hasta exámenes preventivos de cáncer. “Hemos atendido a 150 personas y estamos dando medicinas gratis”, explicó la doctora Glenda Martínez.
Frente a una de las carpas, María Suárez lucía algo confundida. “Nos sacaron a todos de la cooperativa 8 de Mayo (noroeste). Nos dijeron que vengamos, nada más”. Junto a ella, algunas mujeres preguntaban por las personas que inscribían para el bono.
En la otra cuadra, María Gavilánez recorría algo desconcertada las carpas del PAP. Ahí se daba atención en pediatría, ginecología y medicina general. “Vine porque el centro a donde voy está cerrado. No quería perder mi cita”.
Pero a las 11:00 la confrontación subió de tono. Con carteles y gritos, un grupo de usuarios del PAP cerró un tramo de la avenida Francisco de Orellana, frente al edificio de Gobierno. A ellos se sumaron miembros de la Junta Cívica, algunos funcionarios municipales y ex concejales.
A costado del edificio, un grupo de beneficiarias del Bono de Desarrollo apoyaba la decisión del Gobierno. “Devuélvannos el dólar”, era el grito que repetían.
La lucha de consignas tanto a favor del Municipio y del alcalde Jaime Nebot, como del Gobierno y del presidente Rafael Correa, causó roces. Los insultos alteraron a los manifestantes que fueron controlados por la Policía.
En medio del cruce de palabras, los representantes del Cabildo en el directorio del PAP salían del edificio. “El Gobierno quiere extender los servicios en hospitales. Es difícil, pues falta personal e infraestructura”, dijo Guillermo Wagner, de la Junta Cívica.
El delegado del Cabildo, Jacinto Loiza, advirtió con tomar acciones penales por el término del convenio, que era indefinido. “Han incumplido los convenios, firmados el Presidente actual”.
Peñaherrera fue la encargada de comunicar la decisión. Con un megáfono informó que solo hasta el 31 de enero el Cabildo administrará el PAP. Los gritos de quienes apoyaban el plan se apagaron. Y los miembros de la Junta Cívica se despidieron del lugar entonando el himno al 9 de Octubre.
En la sala de reuniones de la Subsecretaría de Salud, los delegados del Gobierno se alistaban para la rueda de prensa. Marcelo Aguilar explicó cómo funcionará el nuevo sistema, al que se sumarán ocho de los centros que prestan actualmente servicios al PAP. También contratarán 90 médicos más para reforzar la atención.
“La ventaja es que vamos aumentar los servicios, en especial en cuanto a prevención, al tratamiento de enfermedades catastróficas, vacunación infantil y una lista completa de medicinas”.
El subsecretario de Bienestar Social, Francisco Estarellas, recalcó que ya no se descontará USD 1 del Bono de Desarrollo para la atención. Y que se ampliará la lista de servicios mortuorios.
En cuanto a la contratación de nuevos centros privados, el director de Salud de Guayas, Eduardo Verdesoto, explicó que en esta semana concluirá la inspección. “Esperamos contratar siete clínicas para atender en 15 puntos”.
Al final de la reunión, los delegados de la Asociación de Clínicas Privadas esperaban conversar con las autoridades para concretar la contratación de sus centros. Afuera, solo quedaron papeles y basura de la manifestación.
El Concejo, en contra
El cierre del PAP fue debatido en el Concejo Cantonal. La mayoría a favor del Alcalde rechazó el incumplimiento del Gobierno, con las consecuentes responsabilidades económicas y jurídicas.
La moción recibió 10 votos a favor, cuatro abstenciones de los concejales de PAÍS y una en contra del edil Octavio Villacreses.
Nebot enfatizó que la medida podría movilizar a los guayaquileños en las calles. Como comparación, dijo que la urbe tuvo su primer hospital en 1971. Y refirió que si no hubiera sido por la Junta de Beneficencia “Guayaquil sería una Calcuta en salud”.