En las protestas de octubre pasado, la Policía identificó estructuras organizadas. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Servicio Nacional de Inteligencia fue sorprendido en octubre pasado. Las alertas fallaron y la violencia se volvió extrema. Para el Gobierno esas escenas no pueden repetirse y por eso actualmente existe un plan para fortalecer las operaciones de Inteligencia de Orden Público. Su objetivo: ‘interpretar el futuro’, prevenir las amenazas y actuar.
“Buscamos tener más comprensión de las actividades que hacen ciertos actores políticos que pretenden atentar contra el orden democrático”, indica un agente investigador.
Las operaciones de Inteligencia de Orden Público incluyen seguimientos, vigilancias, implementar escuchas telefónicas, interceptación de comunicaciones, análisis de información, big data, perfilación e identificación de las posibles amenazas y riesgos.
En la práctica, el trabajo consiste en identificar amenazas de origen político, pero que incluyan la planificación de acciones delictivas. En esta lista se encuentran los grupos violentos que en octubre causaron incendios, intentaron tomarse las plantas de tratamiento de agua, bloquearon el abastecimiento de alimentos para Quito, cortaron señales de canales de televisión y radio, y quienes se encargaron de la fabricación de armas caseras como bombas molotov, escudos y lanzacohetes.
En la práctica, el trabajo consiste en identificar amenazas de origen político, pero que incluyan la planificación de acciones delictivas. En esta lista se encuentran los grupos violentos que en octubre causaron incendios, intentaron tomarse las plantas de tratamiento de agua, bloquearon el abastecimiento de alimentos para Quito, cortaron señales de canales de televisión y radio, y quienes se encargaron de la fabricación de armas caseras como bombas molotov, escudos y lanzacohetes.
Los agentes han identificado que desde la segunda semana de octubre, las actividades de “grupos de pensamiento político” se han incrementado.
De hecho, durante las semanas siguientes al paro, estos colectivos organizaron foros y encuentros para hablar sobre “el paquetazo”, “la lucha de clases”, “antiimperialismo” y difundir mensajes en donde hablan de “tomarse las calles”.
En estos encuentros no solo se debate sobre política, sino que se organizan acciones concretas que se ejecutarán en las manifestaciones. A la gente se le instruye, por ejemplo, en la fabricación de bombas molotov, manejo de explosivos artesanales y hasta “psicología de los manifestantes”.
Una de las actividades de estos grupos quedó grabada en video. Se trata de un encuentro denominado Auto protección para las protestas. En las imágenes se identifica a jóvenes universitarios quienes corren en filas, se agachan y se mueven en sentadillas. En otro video, un grupo de jóvenes grita consignas como esta: “Nos declaramos en lucha permanente. ¡Abajo a los represores del pueblo!”, mientras queman las fotografías de ministros y del presidente Lenín Moreno.
Para los agentes, lo primero es identificar si tras estos colectivos hay actores políticos y fuentes de financiamiento.
Sin embargo, los investigadores reconocen que actualmente existen tres limitantes para desarrollar este tipo de operaciones de Inteligencia.
La primera es la ley. La Constitución, el Código Penal y la Ley de Inteligencia impiden que los agentes ejecuten prácticas que se usan en otros países para desbaratar cédulas terroristas. Por ejemplo, el reconocimiento facial o vigilancia encubierta. En otras naciones, como las de la Unión Europea, se permiten técnicas como la simulación de un delito. Es decir, la Policía puede fingir vender algún tipo de material explosivo en los mercados ilícitos. Los interesados en comprar el arma son investigados y tras análisis y seguimientos se desarticulan esas redes.
“Existe un excesivo garantismo. Aquí la ley dice que para investigar a alguien se debe informar a la persona primero. ¿Cómo conseguimos datos si esa persona sabe que es vigilada?”, cuestiona un policía.
Para otro agente, la Ley debe garantizar el equilibrio entre el derecho a la privacidad de un sospechoso y la necesidad de investigar los delitos graves.
Una segunda barrera es tecnológica, pues otros países como Colombia, por ejemplo, cuentan con cámaras de alta resolución que permiten identificar a manifestantes durante las protestas. También hacen falta programas informáticos que pueden desbloquear, extraer, decodificar y analizar datos digitales de múltiples fuentes, incluida la nube.
Tercero, falta personal de carrera. Según los agentes, después de que el Gobierno eliminara la Secretaría de Inteligencia y creara el Centro de Inteligencia Estratégica, el personal que ya manejaba equipos especiales y protocolos de actuación fue removido.
Ahora, el personal que trabaja allí es el encargado de analizar las amenazas.
En contexto
El Servicio Nacional de Inteligencia está conformado por entidades policiales, militares y civiles. Cada unidad se encarga de ejecutar operaciones contra la delincuencia organizada, contra el terrorismo y otras amenazas que pueden ser de origen político.
