22 de enero de 2019 00:00

Optimizar recursos en educación, la meta para afrontar el 2019

En septiembre llegaron los kits escolares a la Escuela Valencia Herrera, sur de Quito. Foto: Archivo: Galo Paguay/ EL COMERCIO

En septiembre llegaron los kits escolares a la Escuela Valencia Herrera, sur de Quito. Foto: Archivo: Galo Paguay/ EL COMERCIO

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Valeria Heredia

Uno de cada diez dólares que invertirá el Gobierno este año será en el sector social: educación, salud y vivienda, entre otros, dice la Defensoría del Pueblo, tras un análisis de la Pro forma del Presupuesto del Estado 2019.

El documento, que no alcanzó un consenso en el Legislativo y pasó por el Ministerio de la Ley, generó controversia por los recortes. En educación, por ejemplo, hay una reducción de USD 249,8 millones si se compara con el monto presupuestado el año pasado.

Así: el Ministerio de Finanzas asignó en el 2018 un total de USD 3 851,9 millones. Y en este 2019 se dispone de USD 3 602,1 millones.

Pese a ello el viceministro de Gestión Educativa, Francisco Cevallos, ve las cifras con optimismo . “Haciendo una depuración de las cuentas y viendo lo que se necesitó en el 2018, en realidad hay un incremento de unos USD 200 millones”.

Fuente: Reporte E-Sigef/ Ministerio de Finanzas


¿A qué se refiere? Hasta el 31 de diciembre, el monto devengado o usado fue de USD 3 336,1 millones. Y al analizar la eficiencia en el uso de recursos, la ejecución alcanzó el 97% (de los porcentajes más altos en los últimos 10 años).

El Viceministro confirmó que la mayor parte del presupuesto (USD 2 600 millones) se destinarán al pago de sueldos para docentes fiscales (144 000) y personal administrativo.

En esta Cartera, como parte de las medidas de austeridad, hubo un reajuste de personal, lo que generó protestas.

Educación dio por terminados 421 contratos ocasionales en la planta central. Pero abrió la posibilidad de recontratar con un sueldo menor.

“Queremos plantear un ahorro eficiente. Tenemos -dijo- algunos distritos (el modelo de pequeños ministerios, a cargo de planteles) que gastan más de lo que administran”.

En ese sentido trabajarán en una planificación del talento humano y habrá concursos para nombramientos definitivos. Y se evaluará al personal de los distritos. No dio un plazo. La meta es ahorrar USD 13 millones hasta diciembre.

“La decisión de mantener el presupuesto para pago de docentes, llamado gasto corriente, es acertada. Garantiza la educación para los chicos”.

Lo anota Pablo Beltrán, vocal del Consejo de Educación Superior y docente de la USFQ.

Pero, dice, el presupuesto debería subir así como sus usuarios. “Si aumenta la población y no los recursos significa que, en términos per cápita, ha disminuido el presupuesto”.

La asignación para educación ha sido cambiante en los últimos años. En la presidencia de Jaime Roldós, en 1980, se destinó el 5,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para este sector. Mientras que en la de Jamil Mahuad, en el 2000, el 1,7%, reseñó Alexis Oviedo, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar.

Hoy llega al 4,78% del PIB. Pero aún no se cumple con la disposición transitoria décimo octava de la Constitución de la República. En ella se dispone al Estado asignar de forma progresiva recursos públicos para la educación.

El incremento anual debe ser de al menos 0,5% del PIB hasta alcanzar un mínimo del 6%, explica Gina Benavides, defensora del Pueblo.

Pero en medio de la crisis, este Ministerio mantendrá sus programas, enfocando su accionar en las poblaciones más necesitadas. El ministro de Educación, Milton Luna, garantizó la dotación de kits escolares (libros, uniformes y alimentación). Beltrán opina que habría que debatir sobre la focalización de esos subsidios.

Pese al recorte sí habrá dinero para recategorización (otro escalafón) y para la jubilación docente, con un plan.

Eso -subrayó Cevallos- está garantizado, pero bajo un cronograma que puede avanzar parcialmente este año. Para la jubilación, por ejemplo, se dispone de USD 300 millones.

Esta cifra no convence a representantes de gremios como la Red de Maestros. Su dirigente Nelly Miño expresó su “preocupación” por los recortes a derechos de los docentes.

“Hubo 42 000 maestros inscritos en la recategorización; y se ha atendido a 11 000, pero aún no reciben el sueldo de su nueva categoría”.

Es la situación de Gloria Vera, quien pasó de la categoría G a la E, el año anterior. Todavía no sabe cuándo su salario pasará de USD 817 a 986.

El ministro Luna plantea un diálogo nacional con la participación de actores: organizaciones no gubernamentales, empresa y gobiernos seccionales, para apuntalar a un nuevo modelo de educación, con corresponsabilidades. Las reuniones arrancaron ayer.

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