14 de abril de 2019 00:00

Defensa de Ola Bini dice que el sueco tiene relación con Julian Assange pero no con Wikileaks

La audiencia de este caso se llevó a cabo en la Unidad de Flagrancias, en el norte de Quito. Foto: Digo Pallero/ EL COMERCIO.

La audiencia de este caso se llevó a cabo en la Unidad de Flagrancias, en el norte de Quito. Foto: Digo Pallero/ EL COMERCIO.

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Redacción Seguridad

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La diligencia judicial terminó la madrugada de ayer (13 de abril del 2019). Tras cuatro horas de audiencia, el juez de la Unidad de Flagrancia, Rodolfo Navarrete, dispuso prisión preventiva contra Ola Bini, un ciudadano sueco cercano a Julian Assange, detenido el pasado jueves (11 de abril del 2019) por Scotland Yard al perder el asilo en la Embajada de Ecuador en Londres.

Bini fue procesado por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos. Según el Código Integral Penal (art. 232), quienes cometan este ilícito podrían ser condenadas con penas de tres a cinco años.

Según la norma penal, este delito se configura cuando alguien destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal funcionamiento o suprima datos informáticos, mensajes de correo electrónico o de sistemas de tratamiento de información.

El abogado de Ola Bini, Carlos Soria, reconoce que su cliente tiene relación con Assange, pero que no trabaja para WikiLeaks ni que ha cometido los ilícitos establecidos en el Código Penal. “Él se dedica al sistema informático. Incluso es precursor del resguardo y de la protección de la información existente”.

Durante la audiencia, la Fiscalía detalló que en la casa de Ola Bini y en las maletas, con las cuales pretendía viajar a Japón, se halló “gran cantidad” de computadoras portátiles, iPads, iPods, cables USB, dispositivos de almacenamiento de datos USB, teléfonos celulares, adaptadores, conectores de diferentes puertos, tarjetas de crédito, entre otros.

Ola Bini está radicado en el Ecuador hace cinco años, según su abogado, Carlos Soria. Fue procesado por la justicia. Foto: cortesía.

Ola Bini está radicado en el Ecuador hace cinco años, según su abogado, Carlos Soria. Fue procesado por la justicia. Foto: cortesía.


También se incluyó un reporte migratorio obtenido de la base de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) en el que consta un “gran número” de viajes.

En otro reporte se detalla que, entre el 2015 y el 2019, el ciudadano extranjero realizó pagos por servicios de Internet por más de USD 230 000.

Para el abogado del procesado, el material presentado por la Fiscalía no muestra que su cliente haya cometido ningún delito. “Tanto es así que se presenta como un elemento de convicción el escrito que presentamos para ser abogados de Ola Bini. Pero el juez sí aceptó los argumentos fiscales”.

Según la defensa, su cliente tenía al menos 15 computadoras, que ahora están en manos de las autoridades judiciales.

El jurista aseguró que el extranjero está en el país cinco años y que en ese tiempo no ha tenido problemas. Además, indicó que ha sido consultor, conferencista y que ya estaba radicado en el país. “Incluso tiene una relación con una ecuatoriana. Tiene su domicilio permanente. Es más, estaba tramitando su visa de inversor, porque constituyó una sociedad sin fines de lucro, para proteger los datos informáticos ante posibles ataques”.

Ahora, por orden judicial, sus cuentas bancarias también están inmovilizadas. Por eso, el abogado presentará una apelación, para que liberen al procesado. Este recurso se entregará mañana en las oficinas judiciales.

Para la ministra del Interior, María Paula Romo, el detenido “ha estado colaborando con los intentos de desestabilización en contra del Gobierno y es muy cercano a Wikileaks”.

La Secretaria de Estado señaló que incluso ha viajado con el canciller Ricardo Patiño.

Este Diario intentó hablar con él, pero aseguró que estaba ocupado y que no podía atender. Pero en declaraciones a la cadena CNN aseguró que “hay tanta ilegalidad, tanto abuso del derecho, que yo sí tengo que pensar seriamente si me quedaría en el país”.

Romo también indicó que existen sospechas de que Bini está interfiriendo en comunicaciones privadas o está usando sus conocimientos, su experticia para irrumpir en teléfonos, en correos electrónicos, en comunicaciones. “Eso es un delito, no importa si se hace en contra de un gobierno o en contra de un ciudadano común y corriente”.

Tras lo sucedido con Ola Bini, en las redes sociales se publicó un video en el que se habla de un supuesto ataque masivo a los sistemas de las entidades públicas.
De hecho, al mediodía de ayer fue ‘hackeada’ la página oficial del Municipio de La Maná, en Cotopaxi. En la página principal apareció la foto de Assange y en la parte inferior apareció este texto. “Tienes que empezar con la verdad. La verdad es la única forma en que podemos llegar a cualquier parte. Porque cualquier toma de decisiones basada en mentiras o ignorancia no puede llevar a una buena conclusión. Julian Assange”.

Hasta la tarde, este caso no había sido reportado a la Agencia de Regulación y Control de las Comunicaciones.

Expertos en el tema aseguraron que este tipo de hechos no ponen en riesgo la información que tiene el Estado.

Romo advirtió que a pesar de haber sufrido un ciberataque, “ninguna página del Gobierno central ni de sectores claves del mundo privado se encuentra intervenida o sacada del aire. Han logrado intervenir un correo institucional y una página de un municipio”.

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