UAFE se une al Centro Nacional de Inteligencia con la Ley de fundaciones
La nueva Ley de Transparencia Social traslada a la UAFE al Centro Nacional de Inteligencia y refuerza sus facultades contra lavado de activos y corrupción.
La recién aprobada Ley de Transparencia Social redefine las competencias de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). El cambio más relevante es su traslado del Ministerio de Economía y Finanzas al Sistema Nacional de Inteligencia.
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La UAFE pasa de Finanzas a Centro Nacional de Inteligencia
Hasta ahora, la UAFE funcionaba bajo la rectoría del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, con la nueva norma, aprobada el 26 de agosto de 2025, la entidad pasa a formar parte del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), organismo clave dentro del sistema de inteligencia del Estado.
Este giro ubica la lucha contra el lavado de activos y la corrupción en el ámbito de la seguridad nacional, lo que amplía su alcance más allá de lo estrictamente financiero.
El CNI fue creado el 14 de julio de 2025 por el presidente Daniel Noboa, en reemplazo del antiguo Centro de Inteligencia Estratégica (CIES). Se trata de una entidad de derecho público, con rango ministerial, sede en Quito, y autonomía administrativa y financiera.
Funciones del Centro Nacional de Inteligencia
Entre las atribuciones del organismo está:
- Reclasificación y desclasificación de documentos reservados.
- Solicitar bases de datos y actualizaciones a instituciones públicas.
- Solicitar información a operadoras de telecomunicaciones sin autorización judicial previa, bajo justificación de seguridad.
- Acceso a datos privados, únicamente si son indispensables para tareas de inteligencia.
- Habilitar a la UAFE para solicitar y actualizar información estratégica.
Según el Gobierno, la nueva normativa busca fortalecer los controles en el sistema financiero y, en particular, supervisar con mayor rigor a las organizaciones sin fines de lucro o fundaciones.
Nuevas facultades de control para la UAFE
La Ley de Transparencia Social señala que la UAFE mantiene su autonomía operativa, administrativa y financiera. Pero con la reforma, se refuerza su jurisdicción coactiva al otorgarle la capacidad de inmovilizar fondos de manera inmediata.
La entidad podrá ordenar, como medida cautelar, el congelamiento de recursos en un plazo máximo de 72 horas. Esta disposición tendrá una vigencia de ocho días, hasta que un juez especializado la ratifique, modifique o revoque.
En caso de que la instrucción fiscal se inicie, los fondos bloqueados serán transferidos a una cuenta única en el Banco Central del Ecuador, señala la norma aprobada con 78 votos a favor.
Supervisión a altas autoridades
La reforma faculta a la UAFE a investigar la información financiera, tributaria y patrimonial de las máximas autoridades del Estado y de sus familiares hasta segundo grado de consanguinidad y afinidad.
No obstante, la ley establece que no se podrá abrir una nueva investigación sobre el mismo periodo analizado. El presidente de la República conservará la potestad de nombrar al director de la institución.
Transparencia y cultura de control
Asimismo, la nueva normativa exige a organizaciones sociales y fundaciones rendir cuentas sobre el origen y destino de sus recursos. Las instituciones financieras deberán reforzar la entrega de reportes de operaciones inusuales.
La UAFE se convierte así en un ente articulador entre el sistema financiero, la Fiscalía y la Contraloría. Con ello se busca instaurar una cultura de prevención, transparencia y control en el país.
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