Asamblea aprueba la Ley de Transparencia Social en medio de fuertes cuestionamientos

Asamblea aprobó la Ley de Transparencia Social con 78 votos en medio de críticas de RC y PSC.

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El Pleno de la Asamblea Nacional se reunió este martes 26 de agosto de 2025 para debatir y votar el informe definitivo del proyecto de Ley de Transparencia Social, enviado por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente. La propuesta fue aprobada tras un debate marcado por divisiones entre bancadas y denuncias de cambios de última hora en el texto.

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La iniciativa generó resistencia desde el inicio, sobre todo por parte de la Revolución Ciudadana (RC), que denunció que el verdadero objetivo era someter a control a fundaciones y organizaciones de la sociedad civil. A las críticas también se sumó el Partido Social Cristiano (PSC), que advirtió que no respaldaría la normativa si esta se votaba como un solo bloque.

Debate sobre impuestos a los dividendos

Uno de los puntos que más tensiones provocó fue el tratamiento de los dividendos empresariales. El socialcristiano Alfredo Serrano sostuvo que la propuesta equivalía a crear dos nuevos impuestos y criticó que se castigue a las compañías que deciden reinvertir sus utilidades para ampliar sus negocios.

A su criterio, se trata de una medida “absurda y abusiva”.

Desde Acción Democrática Nacional (ADN), la legisladora Mishel Mancheno rechazó esas afirmaciones. Según ella, no se trata de tributos nuevos, sino de garantizar que las empresas cumplan con una obligación que existe desde hace décadas.

Explicó que muchas compañías mantienen sus dividendos acumulados sin distribuirlos, reinvertirlos ni pagar el impuesto correspondiente, lo que afecta a la economía nacional. El Servicio de Rentas Internas (SRI) ha identificado más de 29 000 millones de dólares en utilidades no repartidas en los últimos diez años.

Señalamientos de la Revolución Ciudadana y el PSC

Liliana Durán, asambleísta de la RC, aseguró que el proyecto fue diseñado para perseguir a activistas y líderes sociales, además de exponer información privada.

También calificó la propuesta como una nueva “Ley Trole”, ya que en el segundo informe se incluyeron disposiciones que no guardan relación con el tema central, como reformas a la Ley de Minería y al mecanismo de liquidación de empresas públicas.

Serrano, del PSC, coincidió en esas críticas y lamentó que sea frecuente que en la Asamblea se presenten textos diferentes entre el primer y el segundo debate. Además, alertó sobre una disposición transitoria que afecta al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Advertencia sobre recursos de la seguridad social

La polémica transitoria sexta establece que el IESS no podrá cobrar multas ni recargos a instituciones públicas o empresas del Estado que reciban pasivos relacionados con aportes, fondos de reserva y otros pagos laborales de entidades en liquidación. Esa disposición, según Serrano, también abarca obligaciones de capital e intereses.

El legislador advirtió que esta medida contradice la Constitución, que garantiza que los recursos de la seguridad social son independientes y no pueden ser utilizados por el Estado. “Este artículo es inconstitucional. No le metan la mano a los recursos de los afiliados”, subrayó.

La votación final sobre la Ley de Transparencia Social

La asambleísta Mishel Mancheno, quien fue ponente del proyecto en la Comisión de Desarrollo Económico, pidió que la votación se realice sobre el texto íntegro, postura que fue aceptada por el Pleno. En una primera votación, la normativa alcanzó 78 votos a favor, entre ellos el de la alterna de la correísta Nanki Lauro Saant Juank.

Tras el reclamo de la bancada de RC, que aseguró que hubo un error en el registro de la legisladora Ruby Quezada, se repitió la votación. En el segundo intento, el resultado fue idéntico: 78 votos a favor, esta vez por el cambio de posición de una legisladora de ADN que inicialmente se abstuvo.

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