Los procesos judiciales se han convertido en un costoso cuello de botella para el Servicio de Rentas Internas (SRI) y los contribuyentes.
Antes de marzo de 2020, un litigio tributario podía durar entre 2 y 4 años, pero por los efectos de la pandemia en los servicios del Estado, ahora los procesos tomarán de 8 años a más de 10.
Además, estos procesos son costosos para el Estado y para los contribuyentes. “Estos últimos terminan pagando hasta un 80% más de lo adeudado inicialmente”, señaló el experto tributario Javier Bustos.
Puso como ejemplo el caso de una empresa grande que tiene una glosa que pagar por un valor USD 100 000. Esta empresa, después del trámite judicial, terminará pagando más de USD 180 000 entre la glosa, recargo tributario, intereses por año, honorarios de abogados y de peritos, y otros gastos adicionales, en un proceso de mínimo tres años, dijo.
Por el lado del Estado, la imposibilidad de recaudar estos impuestos de una forma rápida agrava la crisis por la que atraviesa, al no poder contar con recursos para invertirlos en educación, salud y otros.
Con corte a agosto, debido a los retrasos en los procesos judiciales, están pendientes de recaudación USD 4 925 millones, según datos del SRI.
El monto corresponde a impuestos, intereses y recargos de miles de litigios tributarios: 2 292 en procedimientos impugnatorios tributarios, 654 con el código anterior, 11 308 procedimientos judiciales contencioso-administrativos y 8 124 bajo la normativa procesal anterior.
Para que estas controversias se solucionen de una forma más rápida, el Gobierno Nacional planteó un sistema de mediación y arbitraje, detallado en el proyecto de Ley de Creación de Oportunidades.
Pero la iniciativa legal fue devuelta al Ejecutivo por la Asamblea. Ahora se prevé que el presidente Guillermo Lasso vuelva a remitir un texto al Legislativo para su tratamiento.
El monto que está pendiente de recaudación es cerca de lo que el país necesita para educación durante un año; en este 2021, lo presupuestado para este rubro es USD 4 987 millones. Y es mayor a lo presupuestado para salud, que corresponde a USD 3 213 millones. Según datos del SRI, de los USD 4 925 millones que están en litigio, USD 2 905 millones corresponden solo a impuestos que no se han podido recaudar y el resto, a costosos intereses.
Por esa razón, Bustos cree que es positivo que el Gobierno haya planteado la posibilidad de que se pueda llegar a acuerdos en temas tributarios, sobre todo en los tiempos para pagar. “Los contribuyentes no entrarían en procesos largos y complicados, y el Estado dispondría más rápido de los recursos”.
Napoleón Santamaría, abogado tributario, añade que la nueva ley debería ser muy específica en lo que se puede mediar. Los impuestos y los intereses generados no se pueden dejar de pagar porque son obligaciones. Pero en los temas de recargo y multas se podría llegar a acuerdos y, sobre todo, en los plazos, formas y condiciones de pago, explicó.
Los expertos tributarios coinciden en que los abogados tributaristas también necesitan un ‘cambio de chip’, porque muchas veces saben que el cliente va a terminar pagando, pero igualmente entran en un litigio y después del proceso, los contribuyentes terminan pagando mucho más. “Se abusa del litigio, se pelea con razón y sin razón y se termina colapsando el sistema de justicia”, añade Bustos.
Hay que considerar, además, que en el país hay tribunales contenciosos tributarios por zonas en varias provincias, pero hay una sola sala en la Corte Nacional de Justicia, que termina siendo un embudo para solucionar de forma definitiva los conflictos, por esta razón los litigios duran varios años, agregó Santamaría.
En varios países hay ejemplos de mediación en temas tributarios. En la región, México y Venezuela lo aplican desde hace varios años.
México incorporó el mecanismo de conciliación denominado Acuerdo Conclusivo a partir del 2014, con el fin de brindar a los contribuyentes un mecanismo alternativo que otorgue facilidades para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Venezuela, en cambio, mantiene desde el 2001 un sistema de arbitraje en materia tributaria.
