Las empresas privadas de telefonía móvil podrían suspender sus operaciones en Ecuador este 2023. Esto debido a que los contratos de concesión del espectro radioeléctrico terminan en agosto para Claro y en noviembre para Movistar, tras 15 años de vigencia.
El Gobierno y las operadoras empezaron un proceso de renegociación de las concesiones en enero de 2023 y debían concluir a inicios de este junio. Pero el pasado 24 de mayo, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel) suspendió hasta por 120 días las mesas de conversaciones.
Hasta este 29 de junio del 2023, las autoridades no han establecido una fecha para que se retomen estas negociaciones con las operadoras, que permitan la ampliación de las concesiones. Sin esto, las dos empresas no podrían seguir brindando el servicio de telefonía en el Ecuador.
¿Qué impide que se continúe con el proceso de renegociación?
Según la resolución de suspensión de las negociaciones de la Arcotel, para continuar las conversaciones con las operadoras falta la valoración del espectro radioeléctrico. Esto, pese a que Vianna Maino, ministra de Telecomunicaciones, aseguró en abril de 2023 que estaba lista.
Dicha valoración estaba a cargo de la Arcotel y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), organismo de las Naciones Unidas para las tecnologías de la información y la comunicación.
Además de la valoración, estarían pendientes trámites con la Procuraduría y con los ministerios de Finanzas, Defensa e Interior. Todo esto desbloquearía el proceso de renegociación.
¿Por qué se necesita una valoración del espectro radioeléctrico?
El artículo 54 de la Ley de Orgánica de Telecomunicaciones establece, desde 2019, que, la Arcotel debe fijar el valor de los derechos por el otorgamiento de títulos habilitantes, así como de las tarifas por el uso y explotación del espectro radioeléctrico.
Para la fijación de este valor se debe tomar en cuenta los criterios de: ingresos facturados; número potencial de usuarios; inversiones a realizarse para ampliar y mejorar la calidad; cobertura del servicio y aquellos definidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), con las mejores prácticas internacionales.
Esta sería la primera vez que se establezca una valoración del espectro radioeléctrico con estos criterios parala celebración de un contrato de concesión con operadoras telefónicas.
Ya que, la negociación anterior, es decir, la que todavía está vigente, comenzó en el gobierno de Alfredo Palacio, en 2006, y concluyó en 2008, ya con Rafael Correa en el poder. El acuerdo se hizo a puerta cerrada y concluyó con un contrato de 480 millones de dólares con Porta (hoy Claro), y 220 millones con Telefónica (Movistar). Es decir 700 millones de dólares en total.
Por ahora no se conoce cuando se retomaran las negociaciones. Pero, para la directora de Asociación de Empresas de Telecomunicaciones de Ecuador (Asetel), Patricia Falconi, el Estado debe asegurar la provisión de los servicios. Por esta razón recomienda que se prorroguen los contratos con las operadoras, mientras termina la negociación.
“Necesitamos dar certeza jurídica a la continuidad del servicio. No solamente a los prestadores, sino también a la ciudadanía. Dar esa certeza de que el servicio va a continuar prestándose… Cada día que las autoridades no dan celeridad al proceso, realmente quien pierde es todo el país, todos los ecuatorianos”, dijo.
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