Proyecto reduce beneficios para el adulto mayor

Personas de la tercera edad en el área de devoluciones del Servicio de Rentas Internas. Foto: Julio Estrella / Archivo EL COMERCIO

El proyecto de reforma tributaria, denominado Ley Orgánica para el Equilibrio de las Finanzas Públicas, que busca hacer frente a la caída de ingresos fiscales, incluye una reducción de los beneficios tributarios para el adulto mayor.

El proyecto plantea bajar el monto máximo que una persona de la tercera edad puede pedir como devolución del impuesto al valor agregado (IVA). Además, las rebajas especiales que tenía en la matriculación vehicular y el pago del impuesto a la renta también se verán alteradas.
El impacto tributario hasta el 2017 de estos cambios en los beneficios que hoy percibe este segmento de la población es de USD 48,1 millones, según una proyección del Servicio de Rentas Internas (SRI).


Hasta ahora, los ingresos por pensiones jubilares están exentos del pago de impuesto a la renta, pero en el proyecto de ley consta que se gravarán.
Sin embargo, el presidente de la República, Rafael Correa, dijo ayer que este artículo se quitará por ser inconstitucional.
En la sabatina realizada en Conocoto, el Jefe de Estado dijo que se cometió “un error”.


Esto porque el artículo 371 de la Constitución establece que las prestaciones en dinero de seguro social estarán exentas de pago de impuestos.
La reforma busca equidad, según Correa, quien añadió que que iba a afectar a unos
 1 000 jubilados, cuyas pensiones sobrepasan los USD 3 000 y que se encuentran bajo el seguro social de las Fuerzas Armadas (Issfa) y de la Policía (Isspol). 


El SRI señaló el viernes pasado que esta reforma no impactará a los pensionistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).
Otro cambio planteado en el proyecto se relaciona con las rebajas especiales en el pago de impuesto a vehículos. 
Las personas de la tercera edad tienen una rebaja de USD 8 000 en la base imponible en un solo vehículo, por cada titular.

Con la iniciativa tendrá una rebaja del 70% de una fracción básica gravada con tarifa cero de impuesto a la renta. El valor libre de impuestos, para este año, es de 11 170, por lo que el porcentaje de descuento equivaldría a USD 7 817, explicó Carlos Calero, de la firma Asesor Contable.
Una modificación más que incluye la propuesta de Ley está vinculada a la devolución de IVA para el adulto mayor. 


Con el actual marco tributaria, una persona de la tercera edad puede solicitar el retorno del IVA hasta por USD 219,6 mensuales (12% de hasta cinco remuneraciones por mes), pero con la propuesta del Gobierno ese límite bajará.


De aprobarse el proyecto, el adulto mayor podrá acceder a una devolución de 87,84 al mes, que equivale al 12% de hasta dos remuneraciones.
Estas reformas no son las primeras que enfrenta este segmento de la población.
Desde enero del año pasado, con la Ley de incentivos a la producción y prevención del fraude fiscal, la devolución del IVA se limitó a la adquisición de bienes y servicios de primera necesidad (vestimenta, vivienda, salud, etc).
Julio Díaz, de 83 años de edad, pide la devolución del IVA desde hace cuatro años porque eso le permite vivir con más “holgura”, ya que gran parte de su pensión, de USD 600 mensuales, destina a su alimentación.

Pero, si obtiene menos dinero por devolución tendrá “dificultades” y es posible que tenga que reducir su presupuesto para comida, dijo el jubilado. “Ahora tendremos que restringirnos porque se rebajan (los beneficios) y para beneficio de quién”, dijo.


Para Gloria Checa, de 71 años, en cambio, el Gobierno “no debería meterse con los jubilados” porque cada quien sobrevive con lo que tiene.
Ella pedía devolución del IVA de entre USD 30 y 120 al mes, excepto en diciembre que solicitó 219 porque compró más cosas de las habituales para compartir con su familia. “Cómo van a reducirme el beneficio en lugar de subirme”.


El Mandatario justificó las reformas tributarias al señalar que buscan impedir que se use a estos grupos vulnerables para “hacer trampas”. Por ejemplo, dijo que se detectaron 200 casos en los que terceras personas “usan a los adultos mayores y personas con discapacidad para traer estos carros carísimos”.