El presidente Daniel Noboa busca impulsar las inversiones privadas en el sector energético con la ayuda de una nueva normativa. La Asamblea Nacional tiene este octubre de 2024 para tratar este proyecto económico urgente, denominado Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Transición a Energías Renovables.
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La normativa tiene tres artículos, una disposición transitoria y tres disposiciones generales. El proyecto pretende, entre otras cosas, corregir la Ley Orgánica de Competitividad Energética, vigente desde enero de 2024, que también busca atraer la inversión privada para superar la crisis energética, que vive el Ecuador.
Aumentar de 10 a 100 megavatios para los privados
El principal cambio de la normativa consiste en aumentar de 10 a 100 megavatios el límite de capacidad para que una empresa privada pueda desarrollar un proyecto de generación renovable, como solar, eólico o geotérmico. Para ello solo necesita la autorización del Ministerio de Energía sin necesidad de un concurso público.
Desde inicio de año, el Gobierno de Daniel Noboa ha intentado incentivar la inversión privada en el sector eléctrico, pero no no lo ha conseguido hasta ahora. Con el cambio propuesto, se espera que el sector sea más atractivo.
Sin embargo, expertos en el sector eléctrico tienen sus dudas. Jorge Luis Hidalgo, gerente de GreenPower International, señaló que la iniciativa es buena, pero que el problema principal radica en las tarifas eléctricas.
La tarifas eléctricas frenan la inversión
Según el experto, el bajo costo de la electricidad en Ecuador no incentivan a las empresas a invertir en su propia generación. Por ejemplo, el sector minero.
Esta industria prefiere comprar la energía que le vende el Estado a un precio de entre cinco a ocho centavos de dólar por kilovatio hora (KWh), mientras que construir sus propios proyectos eléctricos y generar su energía le costaría casi el doble por cada KWh, explicó Hidalgo.
Asimismo, señaló que las empresas privadas que ya han ganado sus licitaciones para proyectos eléctricos como El Aromo (Manabí) y Villonaco III (Loja) no han empezado a construir los proyectos por el tema tarifario.
Según Hidalgo, pese a que estas empresas tienen una tarifa de siete centavos por KWh aprobada por generación, las empresas distribuidoras solo recaudan tres centavos por KWh por este concepto y no podrían pagarles la diferencia.
La única opción sería que Ministerio de Finanzas les transfiera los cuatro centavos, pero con deuda. Prácticamente, Ecuador regala su energía y esto no es sostenible, aseguró.
“Yo no estoy diciendo que se le quite la tarifa eléctrica actual al sector residencial, mucho menos a los más pobres. Lo que se debe hacer es sincerar la tarifa y paguen el costo real los que puedan hacerlo”, dijo.
Costo real de la electricidad
Según un cálculo de la Agencia de Regulación y Control de 2018, el costo real sería15,5 centavos por KWh. El Ecuador lo vende a 9, este precio incluye generación, transmisión, distribución y comercialización.
En esto coincide, Ricardo Buitrón, consultor energético. El experto señaló que aunque la ley busca incentivar al sector privado, enfrenta obstáculos en cuanto a la claridad sobre los precios y las formas de pago para los generadores privados.
Sin un modelo de precios claro, la inversión privada en generación eléctrica sigue siendo incierta, agregó.
Además, Buitrón señaló que es necesario establecer un diálogo entre el Gobierno, los trabajadores y los gremios del sector eléctrico para resolver los problemas relacionados con los fideicomisos y la capacidad de pago de las empresas de distribución. Sin este diálogo, la participación privada seguirá enfrentando barreras, lo que podría afectar el suministro eléctrico del país en los próximos años.
Aunque el proyecto de ley no topa nada de tarifas eléctricas y tampoco se requiere un cambio en la legislación para modificar precios, si se podría aprovechar para hacer correcciones en este tema, coinciden los expertos.
El proyecto de ley fue enviado el 28 de septiembre de 2024. Al ser un proyecto económico urgente, la Asamblea Nacional tiene hasta un mes para tratarla. Sino lo hace, pasa por el Ministerio de la Ley.
