El Ministro de Energía, René Ortiz, es el encargado de analizar la propuesta de New Stratus. Foto: Archivo/ EL COMERCIO
La firma canadiense New Stratus Energy, interesada en adquirir las acciones de Repsol en Ecuador, acumulaba, al 31 de marzo pasado, un déficit de 18 millones de dólares canadienses (USD 14 millones). Es decir, los activos no son suficientes para cubrir sus pasivos.
La información consta en un reporte de auditoría externa de Canadá, que es parte de la documentación que entregó New Stratus Energy al Ministerio de Energía.
En ese documento se señala, además, que, con corte a marzo pasado, New Stratus Energy tenía un déficit de capital de trabajo de 1,6 millones de dólares canadienses (USD 1,2 millones).
En esos estados financieros, la petrolera canadiense señala que planea hacer frente a sus futuros gastos y obligaciones mediante la recaudación de fondos a través de combinación de colocaciones privadas mientras se controlan los gastos durante los próximos doce meses.
Pero la empresa energética, que aseguró tener propiedades mineras en Colombia, advirtió que la pandemia ha generado efectos adversos en la economía mundial y los mercados, y podría generar efectos adversos en el objetivo de obtener liquidez.
Todos estos aspectos, según la auditora externa, generan incertidumbre material y duda significativa sobre la capacidad de la compañía para continuar como empresa en funcionamiento.
El Ministerio de Energía debe evaluar a la nueva empresa antes de autorizar la transacción de los activos que tiene Repsol. Es decir, de los bloques 16 y 67 y de las acciones de Repsol en el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP).
Una alta fuente de esta Cartera refirió que un grupo de técnicos del Ministerio empezó el jueves 22 de octubre del 2020 a revisar los documentos de New Stratus Energy, incluido el informe de la auditora externa.
Para el equipo técnico, esta información resulta también “poco favorable”, refirió la fuente del Ministerio de Energía, más cuando la ley establece que la firma que compra los activos de una operadora debe tener igual o mayor capacidad económica y técnica.
En la carta de intención de compra de los activos de Repsol, New Stratus mencionó que se compromete a cancelar a la española USD 5 millones por la transacción.
Ese pago está sujeto a varias condiciones como la extensión del término de los contratos de servicio con un pago máximo por parte del comprador a los vendedores de USD 12 millones o el valor real de arrastre del ‘carry forward’ (deuda del Estado con la contratista porque no puede pagar la tarifa cuando baja el precio del crudo).
Según New Stratus, esta deuda era de USD 300 millones al 2019. La Ley determina que finalizado el contrato y si el precio del crudo no ha mejorado, ese valor se extingue, pero la norma no es muy clara sobre qué pasa si el contrato se extiende, dice el abogado petrolero Luis Calero.
La normativa
Decreto 1363. En ningún caso la transferencia de los derechos y obligaciones derivados de un contrato podrá generar el deterioro de la capacidad financiera y operativa de la contratista o afectar negativamente el cronograma de inversiones contemplados en el contrato.
Cláusulas contractuales. En ningún caso la Transferencia total o parcial, de los derechos y obligaciones derivadas de este Contrato Modificatorio, podrá originar el deterioro de la solvencia financiera y capacidad operativa, administrativa, financiera y técnica de la Contratista, ni podrá afectar negativamente los Planes contemplados en este Contrato Modificatorio”.
