A las 9:30 de hoy martes 18 de noviembre del 2014, el pleno de la Asamblea Nacional tiene previsto tratar en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica.
El informe para segundo debate fue aprobado hace dos semanas por la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea, luego de que el proyecto llegara desde el Ejecutivo en marzo pasado.
El texto está compuesto por 87 artículos, tres disposiciones generales y 13 transitorias. En el proyecto se redefine principalmente la organización del sector eléctrico y la competencia de cada uno de los organismos que lo componen.
Dentro del proyecto, el Ministerio de Electricidad se establece como la autoridad máxima y bajo este organismo está la Agencia de Regulación y Control de Electricidad (Arconel) que hasta ahora tiene el nombre de Consejo Nacional de Electricidad (Conelec).
También se crea el Operador Nacional de Electricidad (antes Cenace) y bajo estas instancias se establecen las empresas públicas y mixtas de generación, distribución y transmisión de la energía.
El proyecto, sin embargo, tiene al menos cuatro partes controversiales de acuerdo con expertos consultados como el ex gerente de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), Carlos Andrade.
En primer lugar, el artículo 24 establece que el Ministerio de Electricidad “podrá autorizar las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización, importación y exportación de energía eléctrica y servicio de alumbrado público general entre empresas estatales de los Estados de la comunidad internacional”
Es decir, que cualquier central de generación o empresa de distribución y comercialización podrá ser concesionada o cedida su administración a cualquier empresa estatal internacional que llegue a un acuerdo con el Estado ecuatoriano.
Según Andrade, este es una apertura a la concesión de los servicios públicos para empresas extranjeras que el actual Gobierno ha denostado y criticado tanto como una práctica de la derecha y de la “larga noche neoliberal”
El artículo 25 además se exceptúa de los concursos de contratación y selección pública a las empresas estatales extranjeras o mixtas donde los Estados tengan participación mayoritaria cuando sean a ellas delegadas actividades dentro del sector eléctrico.
También en el proyecto de Ley se establece que las empresas eléctricas de distribución de mayor eficiencia en el país y que actualmente tienen la calidad de Sociedades Anónimas pasarán a ser empresas públicas.
Es decir que además de excluir de sus directorios a los sectores productivos, también se excluirá a los representantes de los Gobiernos Autónomos Seccionales a quienes se les reconocerá el valor de sus acciones dentro de las empresas.
En este grupo están incluidas la Empresa Eléctrica Quito, la Empresa Centro Sur (Cuenca) y la Empresa del Sur (Loja), además de otras cuatro distribuidoras de la sierra que tienen los mejores estándares de servicio.
También se excluirá a los sectores productivos y a los colegios de ingenieros de los directorios de los organismos de control como el Arconel.
Finalmente, el Ministerio de Electricidad asumirá las competencias de otorgar concesiones y títulos habilitantes para proyectos de generación, lo que antes llevaba a cabo el Conelec.
De aprobar la Asamblea el proyecto, regresará al Ejecutivo para su veto o ratificación.