El legislador oficialista Ricardo Zambrano señaló que la anterior normativa afectó a la construcción y al encadenamiento productivo que genera esa actividad. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El Gobierno informó el miércoles, 21 de marzo del 2018, de que dispuso la publicación de la derogación de la Ley de Plusvalía, en vigor desde 2016 y cuya eliminación fue resuelta en una consulta popular y referendo celebrado el 4 de febrero del 2018.
El 16 de marzo, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la derogación de la Ley de Plusvalía con 97 votos a favor y 18 abstenciones.
Con ello, el Legislativo se allanó a la voluntad popular expresada en las urnas durante el referendo de febrero, cuando un 63% de los electores aprobaron la pregunta número 6 sobre la ley que pretendía evitar la especulación del suelo.
“Está usted de acuerdo con que se derogue la Lev Orgánica para Evitar la Especulación sobre el Valor de las Tierras y Fijación de Tributos, conocida como “Ley de Plusvalía”, según el Anexo I?”, se preguntó la consulta que incluía otras seis inquietudes sobre diversos temas.
La Secretaría Nacional de Comunicación (Secom) informó que la derogación entra en vigor a partir de la publicación en el Registro Oficial.
Señaló que de esa manera, se garantiza lo establecido en el último inciso del artículo 106 de la Constitución de la República: “El pronunciamiento popular será de obligatorio cumplimiento”.
La normativa sobre la plusvalía, aprobada durante el gobierno de Rafael Correa, generó rechazo de de varios grupos, sindicatos, críticos y gremios de la construcción, por considerar que desalentaba el empleo y afectaba al sector inmobiliario.
Durante el debate del 16 de marzo, el legislador oficialista Ricardo Zambrano señaló que la anterior normativa afectó a la construcción y al encadenamiento productivo que genera esa actividad.
“Es una actitud de vanidad mantener una ley que no ha dado los frutos esperados”, añadió entonces Zambrano al ratificar el derecho de los ecuatorianos a una vivienda.
De su lado, el oficialista Rodrigo Collaguazo aseguró que el sector privado tiene ahora que cumplir su parte y generar las plazas de empleo que se perdieron con la aplicación del anterior cuerpo legal.
Y es que, según un informe de la comisión que preparó el debate sobre la derogación de esta normativa, con la aplicación de la Ley anterior se habrían perdido unos 140 000 empleos y producido una contracción de USD 1 500 millones en el sector de la construcción.
Por su parte, el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, que defiende la gestión del expresidente Correa, justificó el viernes la normativa que, según dijo, “buscaba controlar” la especulación en la que se socializan las pérdidas y se privatizan las ganancias.