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La Ley de Transparencia Social fue publicada en el Registro Oficial este 28 de agosto de 2025, tras ser aprobada por la Asamblea Nacional dos días antes. La normativa, que en sus inicios se conoció como “Ley de Fundaciones”, establece un nuevo marco jurídico para regular a las organizaciones sociales sin fines de lucro en el país.
Según el Gobierno, el propósito central de la Ley es promover la transparencia en las organizaciones sociales y garantizar la libre asociación.
Al mismo tiempo, busca prevenir el uso indebido de estas entidades en actividades ilícitas, como el lavado de activos, la evasión tributaria o la financiación de delitos, en línea con estándares internacionales como los del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI)
Las organizaciones sociales deberán clasificarse según su nivel de riesgo( bajo, medio o alto) en función de criterios como el origen de sus fondos, su alcance territorial y su historial de cumplimiento normativo.
En base a esa clasificación, cumplirán obligaciones diferenciadas en materia de transparencia, rendición de cuentas y control financiero.
La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria será la entidad encargada de la vigilancia, auditoría y control de estas organizaciones.
Además, el Ministerio de Gobierno administrará un Sistema Unificado de Información que consolidará datos jurídicos, financieros y operativos de las entidades. Ninguna organización podrá operar en el país sin registrarse en esta plataforma digital
La Ley establece que todas las organizaciones sin fines de lucro deben:
Las entidades de mayor riesgo deberán designar un responsable de cumplimiento institucional. En cambio, las de menor riesgo aplicarán mecanismos simplificados.
La normativa recalca que las medidas de control no podrán utilizarse con fines de persecución política ni como restricción ilegítima a la libertad de asociación. Asimismo, garantiza que cualquier proceso de intervención o sanción debe respetar el debido proceso y la proporcionalidad de la norma.
Según la nueva norma, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) mantiene su rol como organismo técnico responsable de recopilar información, elaborar reportes y ejecutar políticas de prevención contra el lavado de activos y la financiación de delitos.
Asimismo, la UAFE pasa a ser una entidad adscrita al Sistema Nacional de Inteligencia, con autonomía administrativa y financiera, lo que fortalece su capacidad de control frente a los delitos financieros y su coordinación con otras instituciones del Estado.
La Ley también le otorga nuevas facultades, como realizar análisis financieros y económicos a servidores públicos salientes y a sus familiares cercanos, con el fin de detectar posibles incrementos patrimoniales injustificados.
Además, la UAFE podrá aplicar medidas cautelares excepcionales, como la inmovilización temporal de fondos en el sistema financiero, cuando existan indicios graves y verificables de operaciones sospechosas, reforzando así su papel en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado
El Ejecutivo deberá emitir el Reglamento General de la Ley en un plazo de 60 días. Mientras tanto, las organizaciones ya constituidas tendrán hasta 180 días para registrarse en el nuevo Sistema Unificado, bajo sanción de suspensión de actividades en caso de incumplimiento.
Enlace externo: Registro Social
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