Las finanzas públicas mostraron una mejoría al cierre del año pasado, cuando la diferencia entre ingresos y gastos fue de USD 2 916 millones, la cifra más baja en 10 años.
El resultado fiscal del 2021 se explica, principalmente, por la subida del precio del petróleo y el incremento de recaudación tributaria, señaló Fausto Ortiz, exministro de Finanzas.
Entre enero y octubre del 2021, el precio del crudo ecuatoriano llegó a USD 61,41 por barril, mientras que en iguales meses del 2020 estuvo a USD 34,64, según datos del Banco Central.
Los ingresos petroleros en 2021 superaron los USD 1 880 millones, casi tres veces más de lo registrado en 2020, cuando alcanzó cerca de los 500 millones. El monto es importante porque las exportaciones de este hidrocarburo representan un 30%.
Los ingresos pudieron ser superiores. Una de las metas del presidente Guillermo Lasso era incrementar la producción petrolera en 8% hasta finales del 2021, pero ocurrió lo contrario. Además, el mes pasado se complicó el tema por la erosión regresiva en el río Coca, que obligó a suspender el bombeo de crudo por más de 20 días.
Durante ese tiempo el país dejó de producir y exportar petróleo, lo cual generó pérdidas por al menos USD 600 millones, según Finanzas. Otro de los factores que influyó en los mayores ingresos fue la recaudación tributaria. Según el reporte del Servicio de Rentas Internas (SRI), entre enero y noviembre de 2021 ingresaron USD 12 727 millones, es decir, 13% más en relación a igual período del 2020, cuando la recaudación ascendió a USD 11 314 millones.
El impuesto al valor agregado (IVA) es el tributo más importante para el Estado. En este período se recaudaron USD 6 054 millones. David Castellanos, analista económico, señaló que esto implica que las actividades de comercio empezaron a recuperarse, tanto internas como externas, ya que los ingresos arancelarios también crecieron en los primeros 11 meses del 2021.
Entre el 2012 y 2021 los años con mayor déficit fueron 2014 y 2020, con más de USD 6 300 millones cada uno. Estos dos picos se explican, según Castellanos, principalmente por la fuerte caída del precio del petróleo a fines del 2014 y los efectos del covid-19, que se sintieron desde el segundo trimestre del 2020.
No hay que olvidar que desde el 2011 se registró un incremento del precio del barril de petróleo, que superó la barrera de los USD 100. Con más ingresos, el gobierno de ese entonces elevó el gasto público. Pero en 2014 cayeron los precios del crudo y no se redujo el gasto. Y por ello se registró un déficit tan abultado, que luego se cubrió con una deuda costosa.
En cambio, el 2020 fue un año marcado por la pandemia del covid-19. El precio del petróleo también cayó por efectos de esta crisis y se registró una contracción de la actividad económica que también se evidenció en una disminución de recaudación tributaria. El déficit de ese año fue cubierto con créditos de los multilaterales a tasas de un 3%.
El problema del déficit es que se cubre con endeudamiento. Es similar a lo que pasa en una familia, señaló Castellanos, cuando un hogar gasta más de los ingresos que tiene de forma permanente y debe endeudarse para cubrir esos gastos. “Lo que le pasa al Estado es que ha ido acumulando deuda en el tiempo y después es más difícil pagarla”.
Mientras más bajo el déficit es menor el endeudamiento, por lo tanto, los ecuatorianos y las futuras generaciones van a tener que pagar menos deuda con el tiempo. Al cierre de julio de 2021, último mes disponible en el Ministerio de Finanzas, se registró una deuda pública de USD 62 321,90 millones, es decir cada ecuatoriano debe USD 3 560.
La deuda no es mala si se destina a inversión que genere empleo y no solo a cubrir el gasto corriente como salarios. Otro efecto negativo del déficit es que cuando es demasiado alto daña la imagen del país, genera más riesgo y es difícil que se pueda encontrar financiamiento barato. Se tiene que pagar altas tasas de interés, que al final la pagan todos, a través de los impuestos.
Para que el Ecuador tenga mayores ingresos entró en vigencia una reforma tributaria. El Gobierno tiene previsto recaudar USD 1 900 millones en dos años con estos cambios en la ley.