En la zona de Santa Lucía (Guayas) está por terminar la cosecha de la gramínea. Fotos: Joffre Flores / EL COMERCIO
En el recinto Boca de Pancha la cosecha de arroz está por terminar. En la finca de 4 hectáreas (ha) que alquila Carlos Guerrero, situada en el extremo norte del cantón Santa Lucía, en Guayas, la máquina cosechadora recogía el pasado miércoles las últimas espigas. La tierra aún fangosa, dificultaba el trabajo de la cosechadora, con capacidad para recolectar 36 quintales de la gramínea cada 30 minutos.
Guerrero aseguró la venta de su producción la semana pasada, pero debió conformarse con recibir USD 30 por saca (200 libras) de arroz en cáscara (sin pilar). Ese precio lo están pagando las piladoras, pese a que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (Magap) lo fijó el 2016 en USD 35,50 la saca de arroz en cáscara; y en USD 34 el arroz blanco (pilado).
Desde octubre, el precio del grano pilado también empezó a caer. La saca llegó a venderse por debajo de USD 27. El precio aumentó levemente este mes, hasta promediar los 30.
Productores e industriales coinciden en que uno de los factores que incidió en la caída del precio del quintal de la gramínea fue el contrabando de arroz peruano, que ingresa por la frontera sur y se comercializa en el mercado local.
La Corporación de Industriales Arroceros del Ecuador (que agrupa a piladoras y comercializadoras) estimó que el año pasado ingresaron 1,6 millones de quintales de arroz por contrabando desde Perú.
Javier Chon, presidente del gremio, explicó que la presencia del grano peruano dificultó la comercialización del local. “Esto provocó que los inventarios (quintales) se acumulen en nuestras plantas”. Según el dirigente el quintal de arroz de contrabando ingresa a un menor precio: alrededor de los USD 22.
Para Heitel Lozano, arrocero de Santa Lucía y presidente de la Corporación Nacional de Organización Arroceras del Ecuador, las piladoras no pueden absorber más arroz de los productores porque los silos están en su máxima capacidad. “Los silos están llenos, y son pocas las piladoras que están recibiendo arroz, pero lo hacen a un menor precio”.
El arroz pilado se sigue acumulando en los silos de las piladoras en Guayas.
El pilador Fermín Bajaña, de la zona entre Palestina y Santa Lucía, mantiene sus silos casi a su máxima capacidad. Su piladora tiene la capacidad de almacenar hasta 20 000 toneladas de arroz pilado, pero ya tenía almacenadas 15 000 toneladas hasta el miércoles.
“Una sobrecosecha de invierno (entre enero y abril del 2016) se vino de golpe. Tratamos de salir lo más que podemos con el arroz, pero hay competencia de arroz peruano que ingresa a menor precio”.
Todo esto ocurrió pese a que durante el año pasado el número de hectáreas sembradas bajó 6% frene al año previo. Entre el 2015 y 2016, las siembras cayeron de 380 000 a 358 586, según el Magap.
El rendimiento (tonelada por ha) de los arrozales en el país también se redujo entre el 2015 y el 2016, al pasar de 4,78 t/ha a 4,16 t/ ha.
De igual modo, en algunas zonas de Daule la cosecha de la gramínea debía empezar a fines de enero, pero empezó tres semanas antes.
Bajaña sostuvo que están cosechando un grano demasiado verde y, por ello, las piladoras no pueden pagar el precio oficial. “Para evitar que se les dañe por las lluvias, el productor está cosechando más pronto, no espera que el grano complete el ciclo de maduración”.
En Daule, una de las zonas arroceras más grandes del país, las piladoras también están saturadas. Raúl Villegas, dueño de la piladora Gloria Matilde, en las afueras del cantón, considera que la falta de compradores locales ha hecho que el excedente se acumule. Aquello, dijo, desbordó la capacidad de las piladoras. “Las cosechas de verano y de invierno del 2016 se acumularon, y no hay silos suficientes”.
Para intentar equilibrar el precio, el Magap intervino desde mediados de este mes a través de la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). Esta retomó la compra de arroz pilado a productores y gremios agrícolas al precio oficial. El Magap explicó, en un comunicado, que con la intervención se busca reducir los inventarios, y garantizar el pago del precio oficial.
Entre la primera semana de octubre de 2016 y 7 de enero la UNA compró 90 000 quintales, “tras identificar distorsiones en el mercado, por ingreso de arroz irregular”.