Miguel García (centro) abandona el Palacio de Carondelet, luego de la reunión con autoridades. Foto: Vanessa Silva / EL COMERCIO
Durante más de dos horas, la mañana de este 11 de marzo del 2020 representantes de varios sindicatos de trabajadores públicos y privados dialogaron con los ministros de Trabajo, Andrés Madero; de Educación, Monserrat Creamer; y del Interior, María Paula Romo, sobre la medida anunciada por el Gobierno de que los funcionarios aporten con un porcentaje de su sueldo.
El encuentro finalizó alrededor de las 12:00, sin consensos, y se esperaba que las conversaciones se retomen esta misma tarde, pero hasta el momento la cita no ha sido confirmada.
Al término de la reunión, que se realizó en el Palacio de Carondelet, Miguel García, presidente de la Federación de Trabajadores Públicos del Ecuador, aseguró que todavía no hay una defición de cuál será el porcentaje de dicho aporte. Desmintió la información que circuló el martes por la noche en redes sociales, en donde se afirmaba que se aplicarían descuentos del 4% y 8% a los funcionarios que ganen más de USD 801. “Eso no es real, estamos recién discutiendo las alternativas”, dijo.
García sostuvo que se evaluan algunas opciones que no contemplan más despidos en el sector público, ya que hasta el momento han sido separadas más de 30 000 personas. Una de esas alternativas, agregó, es la posibilidad de reducir el horario de trabajo de los servidores, como compensación al descuento salarial.
Otras propuestas que fueron planteadas son que el descuento salarial se aplique a quienes tienen altos salarios. Además, que se elimine el fondo de promoción electoral que recibirán los partidos y movimientos políticos para las elecciones del 2021, contó Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT).
“Si tiene que haber optimización (de personal) en el Estado, que lo haya. En el (nivel) jerárquico superior hay puestos que no se necesitan, hay gente que no está trabajando, que se vayan (…) Si hay que reducir sueldos, que le rebajen también a los asambleístas es lo que la gente demanda. Si estamos mal económicamente, todos aportemos. Pero la crisis no la pueden pagar únicamente los trabajadores”, declaró Gómez.
Por su parte, la Federación Nacional de Trabajadores Públicos y Privados del Ecuador (FTTP) sostiene que el descuento salarial también debería aplicarse a los trabajadores del sector público. “Aquí debemos aportar todos en esta crisis”, refirió Iván Peñaranda, titular del gremio, quien aseguró que la intención del Gobierno no es inconstitucional.
Los tres dirigentes sindicales afirmaron que hay alrededor de 80 000 funcionarios con contratos ocasionales, sobre todo en el área de la salud, que podrían fenecer en los próximos días si es que las medidas del Gobierno no avanzan, según la información que les habrían entregado las autoridades en la reunión.