El vicepresidente de Brasil, Hamilton Mourao, anunció que está garantizada la disposición del oficialismo para llevar adelante el proceso de transición del Gobierno de Jair Bolsonaro hacia la asunción, el 1 de enero, del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.
Mourao hizo la aseveración el martes 29 de noviembre de 2022, al recibir en el Palacio do Jaburú, sede de la vicepresidencia, al vicepresidente electo, Geraldo Alckmin, encargado de comandar la transición de la gestión Bolsonaro a la administración de Lula.
“La transición está en marcha. Nos reunimos con Alckmin y todo marcha correctamente. El presidente Bolsonaro no participa de la transición”. Así lo dijo Mourao a periodistas tras recibir al vicepresidente electo en el marco del traspaso de las funciones administrativas del Poder Ejecutivo.
Jair Bolsonaro no participará
El presidente Bolsonaro ha decidido no participar de la transición luego de haber sido derrotado en las elecciones del 30 de octubre por Lula, líder del Partido de los Trabajadores que asumirá su tercer mandato tras haber gobernado dos gestiones entre 2003 y 2010.
Este fue el primer encuentro presencial entre Alckmin y Mourao, senador electo, de cara al cambio de Gobierno.
Mourao dijo que Bolsonaro estaba “algo triste” por haber fracasado en su intento de reelección.
El vicepresidente electo Alckmin comanda el equipo de transición que sesiona en Brasilia, en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil, donde se han formado grupos de trabajo temáticos para analizar la documentación, estructura y presupuestos del área federal.
Presidente Lula da Silva mantiene reuniones
En este marco, el presidente electo Lula mantiene encuentros con senadores y diputados y líderes partidarios para conformar una alianza parlamentaria necesaria para aprobar los proyectos que enviará al Congreso su gestión.
En esta serie de encuentros el Partido de los Trabajadores ha decidido apoyar la reelección del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), un aliado de Bolsonaro en los últimos dos años, mientras aguarda la aprobación de una enmienda constitucional que permita aumentar el gasto social a partir de 2023.
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