Migrantes que perdieron su vivienda o su empleo a consecuencia del temporal que azotó España corren el riesgo de quedar excluidos de las ayudas aprobadas por la Administración. Esto por no disponer de su documentación en regla: “Se olvidaron de nosotros”, lamenta un damnificado colombiano.
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“Ya pasó durante la pandemia y ahora otra vez”, añade Jhon Hoover, que vive en la periferia de Valencia (este), la zona más golpeada por el temporal.
Jhon se dedica a arreglar electrodomésticos y en estos días lo hace para sus vecinos sin cobrar porque “hay que ayudar”, pese a que se quedó sin trabajo tras la riada porque el agua se llevó su moto, con la que se desplazaba a casa de sus clientes.
Tiene hijos que mantener y se quedó sin trabajo, pero Jhon no reside en España de forma regular y, por lo tanto, no puede acogerse a ningún Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) excepcional como los que ya se están empezando a aplicar a los afectados por el temporal. Además, no tiene contrato ni documentación como trabajador por cuenta propia (autónomo).
Sin ayudas laborales para trabajadores irregulares
“Entre las ayudas que anunció el Gobierno español no hay ninguna a la que se puedan acoger los migrantes en situación irregular”, lamenta el responsable de políticas de protección social y empleo de Oxfam Intermón, Alejandro Garcia-Gil.
“Estas personas son las que tienen los trabajos más precarios, que son importantísimos, como los jornaleros que cultivan lo que comemos o los que se dedican al cuidado de nuestros mayores. Son personas como todos y están ayudando mucho a sus vecinos como todo el mundo, pero se han olvidado de ellos en las ayudas”, critica.
En la misma situación que Jhon se encuentran muchas de las mujeres vinculadas con la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados, que agrupa a unas 200, en su mayoría migrantes, de zonas próximas a Valencia, coordinadas por la colombiana Marcela Bahamón.
En el grupo hay cuidadoras que fueron despedidas de un día para otro porque sus empleadores perdieron el trabajo o la casa y no podían seguir pagándolas.
La mayoría cobraban por días o por semanas, perdieron su fuente de ingresos. No pueden pedir ayuda a la Administración porque no estaban legalmente contratadas, como también les ocurre a los jornaleros que no han vuelto al campo porque sigue inundado.
Otros migrantes perdieron todos sus enseres, como la hondureña Cinthya Torres, que vivía interna en casa de la anciana a la que cuidaba y vio como el agua se lo llevaba todo.
Ella no puede pedir ninguna ayuda de vivienda “porque lo que anunció el Gobierno es una moratoria del pago de la hipoteca para los propietarios de viviendas, pero nada para inquilinos y, menos aún, para personas que alquilan habitaciones o viven en la casa de empleadores o amigos sin ningún papel que lo avale”, aclara Alejandro Garcia-Gil de Oxfam Intermón.
También para las ayudas a quienes hayan perdido muebles o sufrido graves desperfectos en casa “hay que presentar papeles que acrediten que resides regularmente en el país y los irregulares vuelven a quedar fuera”, continúa.
Además, otra de las medidas anunciadas por el Gobierno, el incremento del Ingreso Mínimo Vital para los afectados, deja fuera a quienes no lo recibieran antes del temporal, según el activista.
“Siempre se olvidan de los mismos -sentencia Marcela Bahamón-. A nuestra sociedad le falta humanidad”.