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513 450 investigaciones penales se frenaron por la emergencia sanitaria

Desde la semana pasada, la Fiscalía del Guayas comenzó con el trabajo presencial.

Desde la semana pasada, la Fiscalía del Guayas comenzó con el trabajo presencial.

Desde la semana pasada, la Fiscalía del Guayas comenzó con el trabajo presencial. Foto: Fiscalía

La crisis desatada por el covid-19 paró las investigaciones penales que estaban en marcha. Durante la cuarentena, los agentes fiscales se vieron obligados a suspender diligencias, como toma de versiones, reconstrucción de hechos, realización de pericias, extracción de información de dispositivos electrónicos, etc.

A la fecha en que estallara la emergencia, la Fiscalía tenía abiertas 513 450 indagaciones judiciales que se habían acumulado desde el 2018.

Una vez que los cantones comenzaron a pasar del semáforo rojo al amarillo, la Fiscalía procurará evacuar todos los expedientes represados.

Por eso envió al correo de sus funcionarios un protocolo de bioseguridad de 16 páginas. Allí se establecen los parámetros para un retorno paulatino al trabajo presencial.

Los agentes deberán acudir con trajes de protección. En el protocolo se solicita que a las diligencias investigativas asista el menor número de personas. La idea es evitar el aumento de contagios del covid-19.

Otra disposición es que se tomen versiones o testimonios a través de medios telemáticos. Se podrán realizar hasta cuatro por cada jornada presencial de trabajo. La disposición es trabajar por turnos, de dos a tres días a la semana. Solo el 30% del personal acudirá diariamente a las instalaciones. La asistencia será por cuatro horas. Los días en que no acudan a la oficina harán teletrabajo.

Por ejemplo, los fiscales de Loja, Santa Elena, Azuay, Santo Domingo y Guayas ya pudieron regresar a sus oficinas la semana pasada. En Guayas es donde más causas acumuladas hay. Los principales delitos que se investigan son robos, asaltos violentos, estafas, delitos sexuales y tráfico de drogas.

Este Diario habló con un fiscal del Guayas, quien volvió a trabajar en su despacho el lunes pasado. Ese mismo día tomó la versión de forma virtual a una persona, dentro de una investigación previa por presunto delito de peculado.

Por la emergencia sanitaria del país, él tuvo que suspender cuatro diligencias programadas. Por ejemplo, el 23 de marzo estaba previsto que tomara la versión de una víctima en el caso de asociación ilícita, en el que está procesado el expresidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez. Ahora debe fijar una nueva fecha.

Mientras todo el país estaba en semáforo rojo, los fiscales trataban de adelantar su trabajo en casa. Los agentes solo pudieron avanzar con pedidos de información documental a la Policía Nacional y a diferentes entidades públicas. (Los de flagrancias hicieron teletrabajo desde el 28 de abril).

Estas instituciones enviaban a través del correo de la Fiscalía los oficios solicitados. Cuando regresen a las oficinas deberán imprimir esos insumos e incluirlos en los expedientes judiciales.

Un fiscal de Quito, que se dedica a investigar casos de estafa, indicó que durante la cuarentena solo pudo pedir a la Policía Judicial que remitiese los antecedentes penales de un sospechoso. Al Registro Civil solicitó los datos biométricos de otra persona. También requirió datos al Servicio de Rentas Internas, a la Superintendencia de Bancos, etc.

Además, aseguró que por la pandemia no ha podido realizar pericias contables ni grafológicas. Para esto se necesita que los peritos acudan personalmente a su oficina y fotografíen los expedientes físicos.

“El 17 de marzo, un perito tenía que ir a mi despacho para hacer una pericia contable por un delito de estafa de una cooperativa de taxi, pero no se pudo hacer”, explicó el agente.

Otro fiscal que también labora en la capital contó que ese mismo día debía tomar la versión a dos sospechosos del delito de tráfico de drogas, pero también se suspendió. Por ello, ese caso -que se inició en enero de este año- está suspendido hasta que se pueda desarrollar la diligencia investigativa.

En cambio, una agente que investiga temas de tránsito indicó que tiene 2 000 causas pendientes, pero no ha conseguido avanzar por la emergencia. Por ejemplo, no ha podido hacer el reconocimiento del lugar del siniestro ni las pericias técnico-mecánicas. Este trabajo requiere trasladarse al lugar donde están retenidos los vehículos chocados.

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