Organizaciones sociales de la provincia española de Vizcaya como SOS Racismo o Herresiak Apurtuz denunciaron este martes que el endurecimiento de requisitos para el acceso a la renta de garantía de ingresos y a la prestación complementaria de vivienda pretende evitar que los inmigrantes “especialmente los que se encuentran en situación irregular” accedan a esas ayudas. La denuncia la hicieron en un acto frente a la sede del Gobierno vasco en Bilbao.
El endurecimiento de los requisitos es el resultado de un acuerdo entre el Partido Socialista de Euskadi (PSE) y el Partido Popular (PP) que eleva de uno a tres años el empadronamiento exigido en el País Vasco para acceder a prestaciones sociales en caso de no acreditar cinco años de cotización a la Seguridad Social.
Según los colectivos sociales es imposible que los inmigrantes irregulares puedan acreditar esos cinco años de cotización, aunque lleven más años trabajando en el País Vasco, por lo estas personas serían las principales afectadas por la medida.
El acuerdo también prevé la eliminación de la posibilidad de que perceptores de la renta de garantía de ingresos rechacen una oferta de empleo ya que si antes eran necesarias tres ofertas rechazadas, ahora con solo una oferta laboral “razonable” que el perceptor rechace se le retirará la ayuda.
Además, los beneficiarios de las mencionadas ayudas tendrán que realizar trabajos comunitarios como retirar nieve en temporales, entre otros.