El gobierno de Venezuela presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de la Ley contra el Fascismo, Neofascismo y Expresiones Similares elaborado por petición del jefe de Estado, Nicolás Maduro.
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La Ley contra el Fascismo es una medida que busca combatir lo que el oficialismo denomina como “amenazas internas y externas” contra el orden político establecido. Esta ley fue presentada como parte del legado ideológico del fallecido presidente Hugo Chávez.
Según una publicación de El País esta ley abre la posibilidad de “controlar a discreción del Gobierno de las libertades políticas y de expresión en Venezuela, en medio de un endurecimiento de la persecución contra opositores, periodistas y críticos”.
¿Cuál es la postura del chavismo?
“Detener el fascismo en el mundo es una tarea impostergable por el bien de la humanidad, porque no solo se manifiesta en expresiones de odio, violencia y muerte, sino también en formas de fascismo económico, como el bloqueo criminal impuesto contra Venezuela”, comentó la vicepresidenta, Delcy Rodríguez.
¿Cuántos artículos tiene esta ley?
La ley tiene 30 artículos y establecerá parámetros para asegurar la tranquilidad pública y la pacificidad además de “proteger a la sociedad venezolana del surgimiento de cualquier expresión de orden fascista”, según el movimiento chavista.
¿Qué opinan los analistas internacionales?
Según declaraciones de Santiago Carranco Paredes, coordinador del Laboratorio de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE) “la ley fascista propone enfrentar a los partidos políticos con ideologías de supremacía moral. Es un instrumento que los chavistas quieren utilizar para erradicar la oposición, silenciar a los medios de comunicación y eliminar partidos y líderes políticos”.
Carranco agrega que “no se puede hablar de fascismo al crear una ley totalitaria elaborada para enfrentar a la oposición que puede ser ilegítima desde su perspectiva. La democracia se desquebraja con esta media”.
La Ley Antifascista es objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad venezolana y de la comunidad internacional, quienes la consideran una herramienta para reprimir la disidencia política y coartar la libertad de expresión.