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El Comando Sur de Estados Unidos (EE.UU.) interceptó otra embarcación proveniente de Ecuador este lunes 7 de septiembre de 2026 en el Pacífico Oriental que estaría vinculada a Los Choneros; mientras el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y otras organizaciones de derechos humanos denuncian “ataques” a al menos 143 pescadores de ocho embarcaciones.
Las fuerzas de la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental (JTF-WHEM) interceptaron el 7 de septiembre una estación flotante de reabastecimiento que, según información de inteligencia, brindaba apoyo a operaciones ilícitas de narcotráfico marítimo en el Pacífico Oriental.
La operación estuvo bajo la dirección del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM). De acuerdo con la información difundida, los servicios de inteligencia confirmaron una vinculación de la embarcación con Los Choneros, organización a la que el comunicado califica como narcoterrorista.
Tras la interceptación, las fuerzas estadounidenses inspeccionaron la embarcación y desembarcaron a la tripulación que se encontraba a bordo.
Las personas halladas en la estación flotante serán entregadas a las autoridades ecuatorianas, según la información difundida sobre el operativo.
Una vez concluida la inspección y después de desembarcar a la tripulación, las fuerzas estadounidenses hundieron la embarcación.
On Sept. 7, under the direction of #SOUTHCOM, Joint Task Force Western Hemisphere (JTF-WHEM) forces successfully interdicted a floating refueling station supporting illicit at-sea drug trafficking operations in the Eastern Pacific.
— U.S. Southern Command (@Southcom) September 7, 2026
Intelligence confirmed the vessel's… pic.twitter.com/nfGfy8KTUY
La JTF-WHEM señaló que mantiene operaciones para desmantelar las redes logísticas que, según las autoridades estadounidenses, permiten el desarrollo de actividades de narcotráfico en el Hemisferio Occidental.
La estación flotante interceptada era utilizada para reabastecimiento y apoyo a operaciones ilícitas de narcotráfico marítimo, de acuerdo con la información oficial difundida sobre la operación.
El comunicado no proporciona detalles sobre la identidad, número de personas encontradas en la embarcación ni sobre las circunstancias específicas de su posterior entrega a las autoridades ecuatorianas.
El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) y otras organizaciones expresaron su preocupación este lunes por una serie de operativos realizados durante 2026 contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas, particularmente de pescadores de Manabí.
Las organizaciones sostienen que se han registrado abordajes violentos, privaciones de libertad, períodos de incomunicación, denuncias de malos tratos y destrucción de embarcaciones.
El documento, encabezado por el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) de Guayaquil, señala que estos hechos se habrían producido en rutas utilizadas habitualmente para actividades pesqueras, incluidas zonas marítimas internacionales entre la zona económica exclusiva continental de Ecuador y la zona económica exclusiva de Galápagos.
Según las organizaciones firmantes, desde enero de 2026 se han documentado al menos ocho embarcaciones y 143 pescadores afectados. La lista incluye a las embarcaciones Fiorella, Negra Francisca Duarte II, Don Maca, Los Tres Hermanos, Conquista 2, OM2, María Candelaria y Karla Franshesca.
El pronunciamiento sostiene que en varios casos existen registros de navegación, testimonios, fotografías y videos. También señala que el Comando Sur de Estados Unidos reconoció operaciones de abordaje y posterior hundimiento de embarcaciones realizadas en coordinación y colaboración con el Gobierno ecuatoriano.
Pronunciamiento de organizaciones sociales frente a la escalada de operaciones de abordaje violento, privación ilegal de la libertad, desaparición forzada temporal, tortura y destrucción de embarcaciones pesqueras ecuatorianas ocurridas en 2026.
— CDH.GYE (@CDHGYE) September 7, 2026
Leer 👉 https://t.co/adX21NbMc6 pic.twitter.com/ktVbAD7mN0
El CDH identifica al caso de la Fiorella como uno de los más graves y señala que ocho pescadores permanecen desaparecidos desde el 20 de enero.
Sobre la Negra Francisca Duarte II, el documento indica que fue intervenida el 17 de marzo y que hubo 16 sobrevivientes. En el caso del Don Maca, intervenido el 26 de marzo, se reportan 20 sobrevivientes.
Las organizaciones sostienen que sobrevivientes de ambas embarcaciones denunciaron explosiones, lesiones, encapuchamientos, inmovilización mediante ataduras y permanencia durante horas en condiciones que califican como degradantes. En el caso del Don Maca, también denuncian la destrucción de la embarcación.
A finales de agosto, según el pronunciamiento, personal estadounidense desplegado desde el USS San Antonio abordó la embarcación Los Tres Hermanos, retiró a sus 14 tripulantes y posteriormente hundió la nave. Los pescadores, de acuerdo con el CDH, denunciaron haber permanecido inmovilizados y con los ojos y oídos cubiertos.
El documento también recoge lo ocurrido con la Conquista 2, cuya tripulación estaba integrada por 17 personas. El CDH afirma que los pescadores fueron temporalmente incomunicados y posteriormente retirados de la embarcación, mientras la nave fue hundida.
El 3 de septiembre, agrega el pronunciamiento, ocurrió una intervención contra la OM2, que transportaba a 22 pescadores y siete lanchas auxiliares. Las organizaciones señalan que los tripulantes difundieron videos y fotografías antes de perder comunicación.
Los casos de María Candelaria y Karla Franshesca, intervenidas el 5 de septiembre, también son incluidos en el pronunciamiento. Según el documento, la primera tenía 26 sobrevivientes y la segunda 20.
Las organizaciones sostienen que la cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos no exime al Estado ecuatoriano de cumplir sus obligaciones constitucionales e internacionales en materia de derechos humanos.
En el pronunciamiento señalan que, ante una sospecha de delito, las personas deben ser identificadas, detenidas conforme a la ley, recibir atención para garantizar su integridad y tener acceso a defensa, además de ser puestas a disposición de la autoridad competente.
El CDH afirma que durante 2026 también se han registrado operaciones conjuntas en las que personas sospechosas de narcotráfico fueron detenidas y entregadas a la Policía y Fiscalía ecuatorianas. A partir de ello, sostiene que la destrucción de embarcaciones, la incomunicación y los malos tratos denunciados no serían una consecuencia necesaria de una operación de interdicción.
Las organizaciones también cuestionan que no se hayan hecho públicos, según su pronunciamiento, protocolos suficientes sobre el uso de la fuerza, identificación de embarcaciones, registro de personas privadas de libertad, comunicación con familiares, asistencia médica y preservación de evidencias.
El pronunciamiento dedica un apartado al caso de la Conquista 2, por el cual el CDH presentó un hábeas corpus instructivo.
Según las organizaciones, un juez constitucional de Manta solicitó información a distintas instituciones estatales y dispuso que la Cancillería solicite a Estados Unidos información sobre el operativo del 2 de septiembre, incluida la intervención, destrucción y hundimiento de la embarcación.
El CDH respalda la continuidad de este proceso judicial y pide que se ejecuten de manera integral las diligencias ordenadas, se preserve la evidencia y se mantenga activa la causa hasta que exista una resolución de fondo.
El pronunciamiento plantea además que la reiteración de las denuncias debería ser investigada para determinar si existe una posible dimensión de crímenes internacionales.
Las organizaciones advierten que, si se llegara a acreditar que los hechos forman parte de una política o práctica generalizada o sistemática dirigida contra población civil y ejecutada con conocimiento de ese ataque, podrían configurarse crímenes de lesa humanidad.
El propio documento precisa que esta calificación requiere una investigación sobre posibles patrones, cadenas de mando, órdenes operativas, conocimiento, coordinación estatal y responsabilidades individuales.
Entre sus principales pedidos, las organizaciones firmantes rechazan lo que califican como una normalización de procedimientos que habrían derivado en detenciones arbitrarias, períodos de desaparición o incomunicación y denuncias de tortura y malos tratos.
También declaran persona non grata al general Francis L. Donovan, comandante del Comando Sur de Estados Unidos, y solicitan que se investigue su eventual responsabilidad de mando y posible participación en las vulneraciones denunciadas.
Además, solicitan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la adopción de medidas cautelares colectivas urgentes para la comunidad pesquera de Manabí y piden a la Defensoría del Pueblo que ejerza su mandato de protección de los derechos de los ecuatorianos.
Finalmente, respaldan la continuidad del proceso judicial relacionado con la Conquista 2 y solicitan a la Fiscalía, instituciones de control y mecanismos internacionales competentes que investiguen las denuncias planteadas.
El pronunciamiento está firmado por el CDH Guayaquil y otros colectivos y organizaciones de derechos humanos, sociales, ambientales, indígenas y campesinas del Ecuador.
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