EE.UU. restringe visa a exjefe de campaña de Gustavo Petro y otros políticos

La medida también alcanza a familiares y se enmarca en una estrategia regional impulsada por Donald Trump.

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Estados Unidos anunció este jueves 22 de octubre de 2026 restricciones de visado para siete ciudadanos colombianos y otros 40 bolivianos, entre ellos exfuncionarios, legisladores y figuras vinculadas con la política de ambos países. El Gobierno de Donald Trump justificó las medidas como parte de su estrategia regional contra la corrupción y el narcotráfico.

En Colombia, la lista incluye a Ricardo Roa, expresidente de la petrolera estatal Ecopetrol y antiguo jefe de campaña del expresidente Gustavo Petro. También figuran el alcalde de Sincelejo, Yahir Acuña; el senador electo Wadith Manzur; la representante electa Karen Manrique; los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar, y el excongresista y exalcalde de Envigado José Ignacio Mesa. En Bolivia, las restricciones alcanzan a 15 funcionarios o exfuncionarios y a 25 familiares directos.

Las restricciones de visas alcanzan a políticos colombianos investigados

El Departamento de Estado de Estados Unidos explicó que las medidas contra los ciudadanos colombianos y sus familiares forman parte de la campaña del Escudo de las Américas. Esta alianza regional, liderada por Donald Trump, busca combatir la corrupción y el narcotráfico. El nuevo mandatario colombiano, Abelardo de la Espriella, se sumó a la iniciativa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló en un comunicado que la Administración Trump respalda los esfuerzos del Gobierno de Colombia para eliminar la influencia criminal. Según Rubio, esa presencia también afecta a instituciones como los tribunales, las fuerzas policiales y el poder legislativo.

Las restricciones se sustentan en una política que Estados Unidos anunció el 28 de septiembre pasado. El Departamento de Estado dirige esta medida contra ciudadanos extranjeros que, mediante actos de corrupción o narcotráfico, debilitan a los gobiernos de América Latina.

Entre los colombianos afectados está Ricardo Roa, quien se apartó de la presidencia de Ecopetrol el 7 de abril mediante una licencia no remunerada. Su salida ocurrió en medio de varias investigaciones judiciales y administrativas.

La Fiscalía colombiana le imputó el 11 de marzo el delito de tráfico de influencias de servidor público. La investigación examina la compra de un apartamento en Bogotá y su posible relación con contratos que adjudicó Ecopetrol.

Además, el 12 de mayo, la Fiscalía le imputó otro delito: la violación de los límites de gastos en campañas electorales. El caso se relaciona con presuntas irregularidades en el reporte financiero de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, que Roa dirigió.

Por otra parte, Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar afrontan procesos por presuntos ofrecimientos de contratos y proyectos para sus regiones. Según las acusaciones, esas propuestas buscaban conseguir su respaldo a operaciones de crédito del Gobierno de Petro en 2023.

Estados Unidos restringe visas a 40 ciudadanos de Bolivia

Las medidas anunciadas este jueves también afectan a ciudadanos bolivianos. El Gobierno de Donald Trump restringirá la concesión de visas a 40 personas, entre ellas el exfiscal general Juan Lanchipa y Freddy Bismarck, antiguo responsable de la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos acusa a los afectados de participar en actos de corrupción o de mantener vínculos con el tráfico de drogas. El Departamento de Estado comunicó que aplicará las restricciones en cumplimiento de los compromisos adoptados en septiembre durante la cumbre de seguimiento del Escudo de las Américas.

La decisión comprende a 15 funcionarios o antiguos funcionarios públicos de Bolivia y a 25 de sus familiares directos. De esta manera, las medidas no se limitan a quienes ejercieron cargos públicos, sino que también alcanzan a integrantes de sus familias.

Con estos anuncios, Washington extiende a Colombia y Bolivia su política de restricciones migratorias contra personas a las que vincula con prácticas corruptas o actividades relacionadas con el narcotráfico. En ambos casos, el Departamento de Estado enmarca las decisiones en los compromisos regionales impulsados por la Administración Trump.


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