
El Gobierno de Estados Unidos suspendió temporalmente las citas y solicitudes relacionadas con visas de inmigrante en embajadas y consulados de todo el mundo. La Administración de Donald Trump tomó la medida mientras el Departamento de Estado actualiza sus directrices y capacita a sus funcionarios consulares sobre los criterios de “carga pública”.
Las autoridades no precisaron cuánto tiempo durará la suspensión. Los solicitantes que ya tenían entrevistas programadas recibieron correos electrónicos que les informan sobre el aplazamiento de sus citas. Más adelante, recibirán una nueva fecha para continuar con el trámite.
El Departamento de Estado explicó que desarrolla una “capacitación exhaustiva” para sus funcionarios consulares. La formación busca preparar a los agentes para evaluar si los solicitantes podrían convertirse en una carga para el Gobierno estadounidense o depender de beneficios públicos destinados a personas necesitadas.
“Desde principios de este año, el Departamento de Estado ha estado trabajando en la actualización de las directrices y la capacitación relacionadas con la carga pública”, señaló un portavoz de la dependencia.
Según el funcionario, la capacitación permitirá evaluar cada solicitud de manera “integral y coherente”. También busca mantener los estándares de selección y verificación establecidos por la Administración Trump.
El Departamento de Estado no detalló el contenido completo ni el calendario de esta formación. La entidad indicó que modificará las citas relacionadas con los servicios de visas para facilitar el proceso de capacitación en todas las embajadas y consulados estadounidenses.
La suspensión fue adelantada por el diario británico Financial Times. Según esa información, algunos solicitantes que ya tenían entrevistas programadas recibieron notificaciones por correo electrónico sobre la reprogramación de sus citas.
La suspensión forma parte de una serie de acciones de la Administración Trump para endurecer las políticas migratorias. Durante su segundo mandato, el Presidente ha impulsado una campaña de deportaciones y otras restricciones que también afectan a la inmigración legal.
Entre las medidas figuran la revocación de visas y permisos de residencia, así como el rechazo de solicitudes por distintos motivos. La Administración también ha revocado visas de estudiantes e inmigrantes y ha planteado nuevas tarifas superiores a 100 000 dólares para determinadas visas de trabajo H-1B.
Además, el Departamento de Estado revisa junto con el Departamento de Seguridad Nacional todas las visas de negocios B-1 y de turismo B-2 de personas que ingresaron temporalmente a Estados Unidos y luego solicitaron asilo.
La revisión abarcaría a quienes obtuvieron esas visas entre 2016 y 2026 y posteriormente pidieron asilo o mantienen su solicitud en trámite. Las autoridades estiman que la medida podría afectar hasta a 200 000 extranjeros y derivar en una de las mayores campañas de revocación de visas de la historia del país.
Tommy Pigott, portavoz del Departamento de Estado, afirmó que una visa constituye “un privilegio, no un derecho”. También sostuvo que obtener una visa con la intención de solicitar asilo representa un fraude y puede provocar su revocación. Según explicó, el proceso será continuo y el número de revocaciones seguirá cambiando de forma progresiva.
Trump sostiene que estas acciones buscan mejorar la seguridad interior. Sin embargo, su ofensiva migratoria ha enfrentado reveses judiciales. Un juez estadounidense anuló recientemente una política que suspendía la expedición de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que excedía las competencias que la ley atribuye al secretario de Estado, Marco Rubio.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos también han cuestionado la política migratoria de Trump. Consideran que algunas medidas resultan discriminatorias y contrarias a la libertad de expresión y a las garantías del debido proceso. Estas organizaciones han advertido, además, sobre la preocupación de las minorías étnicas por la elaboración de perfiles raciales.
Aunque Trump hizo campaña en 2024 con la promesa de frenar la inmigración ilegal, su Administración también ha impuesto nuevas restricciones a quienes buscan ingresar legalmente a Estados Unidos. Este mes, el Gobierno afirmó que ya había revocado más de 175 000 visas a extranjeros por delitos, incumplimiento de las condiciones migratorias u otras conductas que considera una amenaza para el país.