La nueva prisión de El Salvador está dotada de alta tecnología para la vigilancia y fue inaugurada por el propio presidente Nayib Bukele. Además, en la última semana fueron trasladados los primeros 2 000 presos.
Esta edificaciónestá en el centro de la autodeclarada guerra contra el crimen, de la administración salvadoreña, que avanzó en medio de fuertes críticas de la oposición, de organizaciones sociales y de organismos internacionales.
Convirtiéndose así en el Estado con mayor cantidad de población carcelaria en América Latina y con la cárcel más grande.
Características de la nueva cárcel
A esta cárcel la han denominado Centro de Confinamiento del Terrorismo, y podrá albergar entre 40 000 y 65 000 personas.
Fue construida en un tiempo récord de siete meses; aunque las autoridades no han dado detalles sobre los costos de construcción ni sobre el valor de mantenimiento.
El complejo está edificado en una zona rural cerca de Tecoluca, a unos 74 kilómetros al sureste de la capital, San Salvador. Estará custodiado por más de 600 efectivos de las Fuerzas Armadas y 250 de la Policía Nacional Civil, según datos del Gobierno.
Además, tiene un muro de más de 2 km con 11 metros de altura y coronado por alambradas electrificadas que rodean las instalaciones, haciendo que apenas pueda llegar a verse parte del tejado de los pabellones y alguna de las torres de vigilancia.
Control en el interior de la cárcel
La megacárcel consta de ocho edificios, tiene un completo sistema de videovigilancia, control de acceso con escáner corporal y de paquetes, bloqueo de las comunicaciones telefónicas, celdas de castigo y 19 torres de vigilancia.
Cada edificio tiene 32 celdas de unos 100 metros cuadrados para albergar a “más de 100” prisioneros cada una, que dormirán en camarotes de lámina de hierro sin colchonetas. Las celdas solo tienen dos lavabos y dos inodoros cada una.
Guerra contra las pandillas
El presidente Bukele declaró una “guerra contra las pandillas” en marzo de 2022, aprobando medidas de emergencia que se han extendido varias veces. Por esta razón, decenas de miles de presuntos pandilleros han sido detenidos en el país después de que se declarase el estado de emergencia.
Estas condiciones han provocado duras críticas de organizaciones de derechos humanos, ya que limitan algunos derechos constitucionales. Por ejemplo, permiten que las fuerzas de seguridad arresten a sospechosos sin una orden judicial.
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