11 de septiembre de 2018 00:00

Estado gastó 80 millones en caso Chevron

Los afectados y abogados del caso informaron que buscarán los mecanismos para que se ejecute la sentencia. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

Los afectados y abogados del caso informaron que buscarán los mecanismos para que se ejecute la sentencia. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

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Mayra Pacheco

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El Estado ecuatoriano ha destinado más de USD 80 millones para su defensa en el caso Chevron 3. Y se prevé emplear aún más recursos económicos, según la Secretaría General de la Presidencia.

Desde que Chevron interpuso en el 2009 una acción legal en contra de Ecuador en cortes internacionales, el Gobierno ha utilizado más de USD 70 millones para gastos legales. Y alrededor de USD 10 millones en campañas mediáticas, mencionó Eduardo Jurado, secretario general de la Presidencia, en una entrevista televisiva.

Estos montos, según Jurado, fueron asumidos por el Gobierno anterior. Entonces, aparte de la defensa legal se promovió una campaña denominada ‘La mano sucia de Chevron’, en la que participaron personalidades internacionales como Mia Farrow y Danny Glover.

Estos actores, que enviaban mensajes de apoyo a la causa que defendía Ecuador, “recibían un alto pago, con fondos públicos, a cambio de sus visitas”, aseguró Jurado.

Además, debido a que en este proceso legal todavía quedan algunas instancias, se espera que el Estado siga incurriendo en gastos para continuar con su defensa.

La Procuraduría General del Estado (PGE) está analizando el laudo parcial del tribunal arbitral de La Haya, que se conoció el pasado viernes, para impugnarlo. Esta sentencia ordenó al Estado indemnizar a la petrolera y dejar sin efecto el dictamen de la Corte de Lago Agrio, de febrero del 2011, que se obtuvo -según el laudo- de manera fraudulenta. La Corte de Lago Agrio determinó que Texaco -que operó en Ecuador entre 1964 y 1992 y que luego fue adquirida por Chevron- debía pagar USD 9 500 millones para indemnizar a los pobladores de la Amazonía, por los perjuicios causados.

Sin embargo, Íñigo Salvador, procurador general del Estado, expresó que “probablemente” se solicitará la nulidad del laudo arbitral ante los tribunales de Países Bajos.

Según los causales previstos en la legislación de los países europeos, se puede recurrir a esta figura (nulidad), si existe alguna controversia en relación con la competencia del tribunal arbitral.

Ecuador ha cuestionado desde un inicio la competencia del tribunal arbitral, debido a que el proceso que inició Chevron en cortes extranjeras tiene, entre otros, relación con el Tratado Bilateral de Inversiones suscrito entre Ecuador y Estados Unidos, en 1997. Pero los hechos por los que los pobladores de la Amazonía demandaron a la petrolera internacional se produjeron antes.

Para solicitar este proceso de nulidad, el Estado ecuatoriano tiene 90 días. Y se estima que el tratamiento de este recurso tome entre dos y tres años.

Diego Ramírez, abogado de Fabara & Compañía, refirió que la defensa del Estado ecuatoriano deberá esperar que concluya la etapa de cuantía para solicitar la nulidad del laudo parcial del tribunal.

Esto permitirá que la Procuraduría reúna los argumentos para plantear este recurso. Y, a la vez, considere las probabilidades que tiene Ecuador de obtener un fallo favorable, puesto que, en el caso que se ratifique el laudo parcial, debería pagar no solo el monto de la indemnización sino los intereses que se acumulen.

La fase denominada de cuantía está prevista que se inicie en 90 días. En esta etapa, Chevron y el Estado ecuatoriano deberán presentar al tribunal arbitral las pretensiones económicas relacionadas con la indemnización y sustentar estos argumentos. Este proceso es independiente del que se debe hacer para solicitar la nulidad.

Pese a este escenario, los pobladores y abogados que demandaron a Chevron por contaminación ambiental expusieron ayer que continuarán con las acciones para que la petrolera cumpla con la sentencia, porque para ellos el laudo del tribunal es “inaplicable”. El fallo, según los afectados, trata sobre asuntos comerciales y no sobre derechos humanos.

“Vamos a usar todas las herramientas posibles jurídicas existentes en el mundo, para defender nuestros derechos”, expresó Pablo Fajardo, abogado de los indígenas y colonos que responsabilizan a Chevron por afectaciones a la salud y el ambiente.

Para esto, los afectados han decidido buscar más cortes en el mundo para intentar homologar y ejecutar la sentencia de Lago Agrio. Estos procedimientos se presentaron antes en Argentina, Brasil y Canadá, pero sin resultados favorables.

El abogado de los afectados advirtió también que en el caso de que Ecuador pretenda impedir que ejerzan su derecho a defenderse y ejecutar la sentencia, recurrirán al Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra el Estado ecuatoriano.

Fajardo agregó que en la demanda interpuesta por pobladores está en juego la reparación ambiental de la Amazonía ecuatoriana.

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