15 de octubre de 2019 11:27

La ministra Romo dice que no ha presentado la renuncia y que la Policía fue 'disuasiva' en las protestas

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, dio detalles sobre las acciones que la Policía desarrolló durante los 11 días de protestas en el Ecuador. Foto: EFE

La ministra de Gobierno, María Paula Romo, da su versión de las acciones de la Policía en 11 días de protestas en Ecuador. Foto: EFE

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Redacción Seguridad

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No he puesto a disposición del Presidente mi renuncia”, señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, este martes 15 de octubre del 2019. Lo hizo durante una rueda de prensa convocada en la Comandancia de la Policía de Ecuador, para referirse a las acciones de esa fuerza durante 11 días de protestas por el paro en Ecuador, que según la Defensoría del Pueblo dejó ocho muertos y más de 1 300 heridos, la mayoría en Quito.

“El Presidente siempre tiene a disposición mi cargo y el de todos los funcionarios de libre remoción”, dijo Romo, quien negó que los equipos policiales hubiesen hecho un uso excesivo de la fuerza en contra de los manifestantes, quienes reclamaban por la eliminación del subsidio a los combustibles desde el pasado 3 de octubre, lo cual se concretó la tarde del lunes 14.

Distintas organizaciones y colectivos, como la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu) denunciaron que la Policía se extralimitó en la fuerza durante las protestas y en el uso de bombas lacrimógenas en torno a la movilización del movimiento indígena en Quito, que entre el lunes 7 y el domingo 13 de octubre se concentró entre las inmediaciones del parque El Arbolito, la Casa de la Cultura, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la Universidad Salesiana.

“En todos los casos, los uniformados utilizaron la fuerza disuasiva e hicieron uso solo de material CS, nunca utilizaron la fuerza letal. Aún continúan en evaluación los procedimientos policiales usados durante las protestas”, dijo Romo este martes.

Otras denuncias de acciones policiales en Quito en las protestas de la semana pasada han sido registradas por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): la caída de dos hombres del puente de San Roque en el contexto de una persecución policial, el 7 de octubre; el lanzamiento de gases lacrimógenos en las universidades que operaron como zona humanitaria el 9 de octubre; el lanzamiento de gases en una protesta pacífica en la Asamblea Nacional (av. Montalvo), con miles de indígenas, incluidos mujeres y niños, el 11 de octubre, entre otros.

Romo señaló que el incidente del puente se investiga, así como el ingreso de un grupo de personas a las inmediaciones de las universidades Salesiana y Católica. 

La protesta “confluyó con un intento de desestabilización al Gobierno y un marcado ataque a la democracia del país”, sostuvo la Ministra. “El trabajo de esta institución (la Policía) ha sostenido lo que fue un intento de desestabilización democrática”, dijo Romo, en una mesa acompañada por el comandante de la Policía, general Nelson Humberto Villegas, y el jefe de Operaciones de la Policía, general Patricio Carrillo.


La Defensoría del Pueblo registró ocho muertes en 11 días, en el contexto del paro que se inició el 3 de octubre en Ecuador: Raúl Chilpe, Marco Otto, José Daniel Chaluisa Cusco, Inocencio Tucumbi, José Rodrigo Chaluisa, Abelardo Vega Caizaguano, Silvia Mera y Edison Mosquera.

Romo dijo que según los datos del Ministerio de Gobierno hay registro de siete personas fallecidas, pero que por ahora la Cartera de Estado ha podido confirmar seis decesos ocurridos en el contexto de las protestas, a los cuales calificó como muertes “accidentales”: cinco por atropellamiento de un vehículo particular en Azuay y cinco por precipitaciones (caídas).


Una séptima persona murió por impacto de bala, pero en el barrio Cumandá (Centro de Quito), dijo Romo, “lejos” del escenario de las protestas, aseguró. Esta víctima fue atendida en el Hospital del Sur y, señaló la Ministra, aún se investiga si perdió la vida en el contexto de las manifestaciones. Señaló que otra víctima mencionada por la Defensoría (José Rodrigo Chaluisa) no ha sido reportada por el Ministerio y no descartó que se trate de un nombre homónimo.

La Secretaria de Derechos Humanos tendrá una reunión este martes 15 con el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, junto con un equipo técnico del Ministerio, para validar los datos de víctimas recogidos durante las manifestaciones, dijo la Ministra en rueda de prensa.

La noche del lunes 14 de octubre del 2019, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) exhortó al Sistema de Naciones Unidas, a la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, a la CIDH y a la Defensoría del Pueblo a “dar seguimientos a los casos de criminalización por el ejercicio de la protesta social, por los heridos y fallecidos”.


Según la Defensoría del Pueblo, las jornadas de protestas dejaron ocho muertos y 1 340 heridos en el país. Romo señaló que en los 11 días de paro hubo 435 policías heridos, dos de ellos perdieron un ojo.

Romo cifró este martes en 1 507 los heridos (1 076 en Pichincha); incluyó a 435 policías. Según la Ministra, la mayoría de heridos “fueron atendidos de manera ambulatoria”. Señaló que entre los policías hay distintas afectaciones: un uniformado perdió su ojo izquierdo, otro sufrió graves fracturas en su rostro y otro que soportó la detonación de una bomba molotov sufrió graves quemaduras. 

El estudiante universitario Luis Tipantuña, de 29 años, también perdió un ojo, tras ser impactado por una bomba lacrimógena la noche del 3 de octubre durante protestas en las inmediaciones de San Blas, cuando policías impidieron el acceso de una protesta de estudiantes al Centro Histórico de Quito. Este Diario corroboró el hecho en el Hospital Eugenio Espejo.

Romo señaló que por las manifestaciones hubo 1 330 personas detenidas, 57 extranjeros incluidos, y que “la gran mayoría ya ha recuperado su libertad”.

Según la Ministra de Gobierno, 202 policías fueron retenidos en contra de su voluntad a escala nacional, inclusive durante varios días. “Con prudencia y
paciencia se pudo dialogar para que sean liberados. Muchos fueron atendidos en varias casas de salud y están fuera de peligro. Solo existe un miembro policial que aún permanece retenido en la provincia de Morona Santiago, ya que su libertad aún no ha sido concretada”.

Romo también aseguró que 26 Unidades de Policía Comunitaria (UPC) fueron destruidas, una Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) quemada y 108 vehículos policiales afectados, así como el intento de incineración del vehículo blindado, cuya unidad tenía a dos policías en su interior.

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