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Mapa de femicidios en Ecuador es ‘horrible pero necesario’

Slendy Cifuentes (izq.) y Samantha Andrade pidieron Justicia para Vanessa, en febrero. Foto: Cortesía vivas nos queremos- La periódica.

Slendy Cifuentes (izq.) y Samantha Andrade pidieron Justicia para Vanessa, en febrero. Foto: Cortesía vivas nos queremos- La periódica.

Slendy Cifuentes (izq.) y Samantha Andrade pidieron Justicia para Vanessa, en febrero. Foto: Cortesía vivas nos queremos- La periódica.

En mensajes de WhatsApp le cuentan: “Compañera, otro caso de femicidio en x provincia”. Y enseguida le escriben detalles que no quisiera leer, como: “el jueves pasado, la señora salió de su casa desnuda, con sus hijos; pedía ayuda. La Policía le extendió una boleta de auxilio. A la semana, el marido la mató y se suicidó”.

Geraldine Guerra, de 42 años, sabe que su misión es una de las más tristes del mundo. Arma algo parecido a una bitácora sobre asesinatos a mujeres, por razones de género. Registra los casos en una base de datos (Excel), los contrasta con noticias de medios de comunicación y con reportes que el abogado César Duque obtiene del Sistema Automático de Trámite Judicial (Satje).

Los dos, más Anaís Córdova y Paola Maldonado, son el equipo de cuatro personas que arma el mapa de los femicidios en Ecuador. Su informe muestra que 75 mujeres han sido violentamente asesinadas, desde el 1 de enero hasta el 23 de noviembre del 2018; 587 desde el 2014.

Con la herramienta buscan visibilizar cuántas vidas se pierden en Ecuador, por la “violencia machista”. Desde agosto del 2014, el femicidio está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Pero -sostienen- no es suficiente.

“No estamos para calcular las tasas de femicidio. No nos corresponde”, dice la geógrafa Paola Maldonado, de Fundación Aldea. Han compartido sus datos con la Comisión Interinstitucional de Seguridad y Justicia, formada por Fiscalía, Policía, Ministerio del Interior, Consejo de la Judicatura e INEC, entre otros. Según esa instancia, 52 femicidios ocurrieron hasta el 11 de este mes.

No registran -precisa la abogada Ana Cristina Vera, de Surkuna– femicidios cuando el criminal se suicida; o si mata a la pareja y a la suegra, no se cuenta a esta segunda víctima.

También sucede que algunos fiscales deciden calificar un hecho como homicidio preterintencional o que el agresor no tenía la intención de matar, pese a que varias veces la había pegado y una vez “se le fue la mano”; si una chica es violada y asesinada por un desconocido, en ocasiones no se registra como femicidio porque no había relación entre ambos.

“Hacen falta lineamientos para evitar discrecionalidad”.

El viernes (23 de noviembre del 2018) en la mañana, Paola cuadraba las cifras del mapa. La meta era tener la actualización, que difunden cada dos meses, antes de este domingo.

En el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Por ello ayer se desarrolló la tercera edición de la Marcha de Vivas Nos Queremos.

“Nuestros cuerpos no se tocan, no se violan, no se matan”, fue la consigna. Jeanneth Cervantes, del grupo, recuerda que la Ley Orgánica Integral para la Prevención y Erradicación de la violencia de género sigue en papeles. Los legisladores la aprobaron entre el 25 y 26 de noviembre del 2017. No se ha ejecutado porque el Ministerio de Justicia fue eliminado hace tres meses.

Lejos de ese “deber ser” de normas y funcionarios, Anaís Córdova, de 29 años, de Taller Comunicación Mujer, enumera los detalles de su base de datos. “Es horrible” -anota- “pero supernecesario”. Ubican el nombre de la mujer asesinada, edad, provincia en la que ocurrió el hecho, relación con el agresor, armas usadas, etc.

Un caso reciente les ha puesto a pensar en el nivel de complicidad de ciertos hombres. Anaís, cineasta y bióloga, señala la pantalla de su portátil.

Un hombre golpeó a su expareja, le puso una soga al cuello y con el carro, manejado por su hermano, la arrastró y lanzó en una quebrada. Solo el último está preso, el otro se fugó. En el casillero de observaciones se lee que fue por una demanda por pensión de alimentos.

Geraldine, comunicadora social, es la secretaria técnica de la Red Nacional de Casas de Acogida para víctimas de violencia. Así obtiene datos de entes locales de las provincias, menos de Galápagos. Desde Mindo charla con César Duque, de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos.

A veces no quiere hablar con nadie, ni con su esposo ni con sus hijos de 17, 12 y 10 años. Le abruma “el desprecio por la vida de las mujeres”. Paola llora mirando su base de datos, sus hijas tienen 20, 12 y 8 y ella también ha superado la violencia.

Este 2018 han registrado femicidios en los que se han usado martillos y bates de béisbol, aunque lo común son armas blancas. Les impresiona que las mujeres terminen en sacos de yute, estranguladas y que sus hijos sean testigos de todo.

Hace poco, una mujer fue asesinada en una visita conyugal, en una cárcel. El hombre ya cumplía una condena por femicidio. Nadie hizo nada.

“La mujer no cree que la matará el hombre a quien amó”, reflexiona Janeth Chauvín, jueza de la Unidad de violencia contra la mujer en infracciones flagrantes. Hace falta ir más allá de una boleta o de una sentencia. Para ella se necesita que en las casas de salud se alerte sobre golpes o heridas inusuales y que haya presupuesto, para probar métodos usados en otros países.

En EE.UU., apunta, se cambia de nombre a la mujer y a sus hijos, se les lleva a otro Estado, con casa y todo. Así se liberan de la dependencia económica. Hace un mes, una chica fue apuñalada en la pierna por el padre de su hijo. El hospital llamó a la Policía; pese a la tentativa de femicidio, la agredida reiteró que no fue culpa de él, que el cuchillo se lo clavó ella por forcejear. Decía que en un tiempo podrían retomar la relación. Pedía que lo liberen.

“Hay reincidencia en las agresiones. Las mujeres son asesinadas con su boleta de auxilio. No hay ayuda psicológica, hace falta una política de Estado real”, opina Chauvín.

De USD 8,5 millones se pasa a 660 000 para 2019

Rocío Rosero
Coalición Nacional de Mujeres

La aplicación de la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres no debe postergarse más. Nuestra integridad y la vida no pueden depender de la voluntad política de las autoridades. Se quiere pasar la factura de la crisis fiscal y la corrupción a las mujeres. Son una burla los USD 660 000 asignados para prevenir la violencia de género contra las mujeres en la Pro forma presupuestaria 2019. No alcanza ni para cubrir la Segunda Encuesta Nacional de Violencia (la última es del 2011). Finanzas dice que la eliminada Cartera de Justicia ejecutó apenas USD 1,5 millones de los 8,5 millones asignados para el 2018. No hubo rendición de cuentas de autoridades salientes y algunas permanecen en la Secretaría de Derechos Humanos.

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