Redacción Sierra Centro
Por un chaquiñán sinuoso y de tierra, Julia Villacís camina con sus cinco ovejas. Vestida con un grueso chal, la indígena de 40 años recorre a diario 5 km para llegar a una vertiente. Vive en la comunidad Cochalata, cantón Mocha (Tungurahua).
En el pueblo habitan 150 familias, de las cuales el 80% se dedica a la agricultura, el 15% a la albañilería y el 5% a la crianza de animales. Hace poco el Municipio construyó un sistema de agua potable que beneficia a 120 familias.
Pero los agricultores no tienen suficiente agua para riego. “Son pocos los afortunados. Acá la gente tiene que llevar baldes para recoger agua de las vertientes y así poder irrigar los cultivos de haba, arveja y papa”, dice Villacís.
Pese a que el agua es uno de los principales problemas en Cochalata, su gente no participó en las protestas organizadas la semana pasada por la Conaie.
Ángel Valdez, otro vecino de la comunidad, afirma que ningún dirigente ha convocado a reuniones para organizar protestas ni difundir la Ley de Aguas. “Antes venían de Tisaleo para movilizarnos, ahora no. Quizá poca gente sale a las calles porque el Gobierno ha dado agua y luz en zonas donde ya se había perdido la esperanza de tener estos servicios”.
El indígena dice que en la zona rural también se entregan viviendas, útiles escolares, uniformes…
A una hora de camino se encuentra Chilcapamba. Allí, Segundo Caluña, dice que tampoco sabía de las protestas. Él tiene 70 años, trabaja desde las 07:00 hasta las 17:00 y gana 5 dólares al día. “El Gobierno me ha dado luz y un baño. Pero no quiere decir que todo está bien. Este rato no alcanza la plata. Hay que protestar”.
Caluña señala que en 1992 participó en un levantamiento indígena. “Ese año salimos para exigir la legalización de las tierras”.
Recuerda que antes de cerrar las vías la gente iba a las asambleas para definir los sitios donde bloquearían el paso. También se designaba a las personas que debían traer la comida, los troncos de los árboles y las llantas.
En los levantamientos de los 90 también participaban indígenas de la comuna Mochapuñalica, en la parroquia San Andrés, en Riobamba. Está en las faldas del Chimborazo. En medio del frío paramero, Carlos Ilbán, de 68 años, cultiva cebolla en una pendiente. Ilbán se queja de la falta de apoyo al agricultor y de los movimientos indígenas. “Solo cuando quieren votos o protagonismo político la Conaie aparece”.
Cerca de su chacra hay un estrecho canal que irriga las plantaciones de cebolla y papa. “No tengo mucha agua. A veces hay que esperar que llueva. Algunos me contaron que se quiere privatizar el agua. No estoy de acuerdo”.
Ángel Chasco, secretario del canal de riego de Tuntatacto, a 20 minutos de Riobamba, cuenta que en este pueblo de 4 000 personas se realiza, desde hace seis meses, asambleas para debatir la Ley de Aguas. “Estamos solos. Tenemos que socializar la propuesta por nuestra propia cuenta”.
En El Chilco, en Mocha, también los dirigentes realizan reuniones. José Naranjo, presidente de la comuna, afirma que están luchando por la no privatización del recurso. Pero aclara que no pertenecen a ninguna organización. “La Conaie no nos toma en cuenta. Es mentira que trabaja con todas las bases”. El martes pasado, él fue a Carondelet, en Quito, para presentar sus observaciones a la Ley. “Nuestros abuelos hicieron los canales de riego y hoy quieren darles a los municipios”.
El Chilco es una de las comunas más organizadas en Tungurahua. Los canales de riego se construyeron con mingas y están hechos con cemento. El mantenimiento se realiza cada semana.
Marlon Santi, presidente de la Conaie, asegura que la organización sí lucha por los pueblos indígenas y campesinos. Sin embargo, admite que faltó mayor convocatoria en las provincias de la Sierra. “Quizá es necesario reforzar la comunicación”.
Por eso, Manuel Ainaguano, líder del Movimiento Indígena de Tungurahua, anuncia que la organización realizará el próximo martes una evaluación para determinar por qué las bases no acataron las movilizaciones. El dirigente reconoce que hubo falta de información. Delfín Teneseca, presidente del Movimiento Indígena del Chimborazo, tiene otra lectura. Según él, los indígenas que dicen no conocer las protestas son pagados por el Gobierno. “El pueblo sabe que está privatizada el agua, que está mal distribuida. Las manifestaciones no solo han sido en las calles”.