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El llamado de la Conaie no llegó a todas las bases

Redacción Sierra Centro

Por un chaquiñán sinuoso y de tierra,  Julia Villacís  camina  con sus cinco ovejas.   Vestida con un grueso chal,  la indígena  de 40 años recorre a diario 5 km para llegar a una  vertiente.  Vive en la comunidad Cochalata, cantón Mocha (Tungurahua).

En el pueblo habitan  150 familias,  de las cuales  el 80%  se dedica a  la agricultura, el 15%  a la albañilería y el 5% a la crianza de animales. Hace poco  el Municipio construyó un sistema de agua potable   que beneficia a 120 familias.

Pero los agricultores no tienen suficiente agua  para riego. “Son  pocos los afortunados. Acá la gente tiene que llevar baldes para recoger agua de las vertientes y así poder irrigar los  cultivos de haba, arveja y papa”, dice Villacís.  

Pese a que el agua es uno de los principales problemas en Cochalata, su gente no participó en las protestas organizadas la semana pasada  por la Conaie.

Ángel Valdez, otro vecino de la comunidad,  afirma que ningún dirigente ha convocado a reuniones para organizar  protestas ni  difundir la Ley de Aguas. “Antes venían de Tisaleo para movilizarnos, ahora no. Quizá poca gente sale a las calles porque el Gobierno ha dado agua y luz en zonas donde ya se había perdido la esperanza de tener estos servicios”.
El indígena dice que en la zona rural también se  entregan viviendas, útiles escolares, uniformes…

A una hora de camino se encuentra Chilcapamba. Allí, Segundo Caluña, dice que   tampoco sabía de las protestas. Él tiene 70 años, trabaja desde las 07:00 hasta las 17:00 y gana 5 dólares al día. “El Gobierno me ha dado luz y un baño. Pero  no quiere decir que todo está bien. Este rato no alcanza la plata. Hay que protestar”.

Caluña señala  que en 1992 participó en un levantamiento indígena. “Ese año salimos para exigir la legalización de las tierras”.

Recuerda que antes de cerrar las vías la gente iba a las asambleas para definir los sitios donde bloquearían el paso. También se designaba  a las personas que debían traer la comida, los troncos de los árboles y las llantas.

En los levantamientos de  los 90 también participaban  indígenas de la comuna Mochapuñalica,  en la parroquia San Andrés, en Riobamba. Está en las faldas del  Chimborazo. En medio del frío paramero,  Carlos Ilbán, de 68 años,  cultiva cebolla en una pendiente.  Ilbán se queja de la falta de apoyo al agricultor y de los movimientos indígenas. “Solo cuando quieren votos o protagonismo político  la Conaie aparece”.

Cerca de su chacra hay un estrecho canal que irriga las plantaciones de cebolla  y papa. “No tengo mucha agua. A veces  hay que esperar que llueva. Algunos  me contaron que se quiere privatizar el agua. No estoy de acuerdo”.

  Ángel Chasco, secretario del canal de riego de  Tuntatacto, a 20 minutos de Riobamba, cuenta que en este pueblo de  4 000 personas se realiza, desde hace seis meses,  asambleas para debatir la Ley de Aguas.  “Estamos solos. Tenemos que socializar la propuesta por nuestra propia cuenta”.

En  El Chilco, en Mocha, también los dirigentes realizan reuniones. José Naranjo, presidente de la comuna,  afirma que  están luchando por la no privatización del recurso. Pero aclara que  no pertenecen a ninguna organización. “La Conaie no nos toma en cuenta. Es mentira que  trabaja con todas las bases”. El martes pasado, él   fue a  Carondelet, en Quito,   para presentar sus observaciones a la Ley.  “Nuestros abuelos   hicieron los canales de riego y hoy quieren darles a los municipios”.

El Chilco es una de las comunas más organizadas en Tungurahua. Los canales de riego se construyeron con mingas y están hechos con cemento. El mantenimiento se realiza cada semana.

Marlon Santi, presidente de la Conaie, asegura que la organización sí lucha por los pueblos indígenas y campesinos. Sin embargo, admite que faltó  mayor convocatoria en las provincias de la Sierra. “Quizá es necesario reforzar la comunicación”.

Por eso, Manuel Ainaguano, líder del Movimiento Indígena de Tungurahua, anuncia  que la organización realizará  el próximo martes una evaluación para determinar por qué las bases no acataron las movilizaciones. El dirigente  reconoce que hubo falta de información.  Delfín Teneseca, presidente del Movimiento Indígena del Chimborazo, tiene otra lectura. Según él, los indígenas que dicen no conocer  las protestas  son pagados por el Gobierno. “El pueblo sabe que está privatizada el agua, que está mal distribuida. Las manifestaciones no solo han sido en las calles”.

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