28 de octubre de 2019 00:00

Ley que fortalece la Inteligencia, represada un año en la Asamblea

La ministra María Paula Romo dijo que Inteligencia no entregó alarmas claras sobre actos como los del centro de Quito. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

La ministra María Paula Romo dijo que Inteligencia no entregó alarmas claras sobre actos como los del centro de Quito. Foto: Archivo/ EL COMERCIO

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Redacción Seguridad
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La datos sensibles habían desaparecido. Los sistemas informáticos estaban “desmantelados”. Era septiembre del 2018 y la Senain, el servicio de Inteligencia que operó durante el correísmo, llegaba a su fin.

El Gobierno lo reemplazó con el denominado Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y quienes se hicieron cargo del nuevo sistema no recibieron información alguna.

El miércoles 23 de octubre del 2019 , este Diario cruzó datos con ellos, y confirmaron los hechos. Hablaron de las debilidades y cómo estas se hicieron evidentes en las últimas protestas violentas en el país.

Las autoridades reconocen esas falencias. “La Inteligencia falló”, señaló la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ante los legisladores que el pasado jueves la interrogaron en la Comisión de Soberanía.

El ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, también estuvo allí. ¿Por qué no se advirtió del problema? ¿Cómo funcionan estos esquemas? ¿Qué lecciones deja lo ocurrido?, preguntaron los parlamentarios.

Jarrín dijo que el trabajo militar sí funcionó y que es necesaria una “reorganización de fuerzas”, que implica analizar el comando y control de operaciones y recursos adicionales.

La idea es fortalecer el sistema vigente. Por eso, en octubre del 2018, el Ministerio de Defensa entregó en la Asamblea un proyecto de Ley.
Pero un año después el documento está estancado en la misma Comisión que interrogó a los dos ministros.

El presidente de esa Mesa, Fernando Flores (Creo), advierte que el informe para primer debate estará listo antes de finalizar este año.
Defensa quiere que se trate ya. La actual norma, aprobada en el 2009, está desactualizada.

Según ese documento, la planificación y obtención de “información estratégica”, para tomar decisiones y enfrentar una crisis están en manos de dos entidades extintas: Ministerio de Seguridad y Senain.

La propuesta de ley plantea que seis servicios, entre ellos, el militar, policial y el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), trabajen articuladamente y sean los responsables de obtener información. La idea es que el sistema funcione con los aportes de datos todas las instituciones.

Quienes manejaron las FF.AA. durante la crisis también reconocen que el servicio de rastreo militar fue debilitado en el régimen anterior.

Cuando los primeros funcionarios del CIES asumieron sus cargos encontraron que gente cercana a Rommy Vallejo y Pablo Romero, dos exdirectores de la Senain, hoy prófugos de la justicia, recién habían salido de la entidad. Hicieron una evaluación a todo el personal y comenzaron el trabajo con 220 nuevos funcionarios.

Una de las áreas a fortalecer es la relacionada con la ciberseguridad. La última crisis tomó por sorpresa a los investigadores, cuando comenzaron a circular con fuerza información falsa en redes sociales.

“Los manifestantes coordinaban los actos vandálicos a través de estas plataformas”, señalan los militares.

El proyecto de Ley de Seguridad del Estado, que se encuentra en la Asamblea Nacional, establece que una de las 12 funciones del CIES será ejecutar acciones de ciberinteligencia. La intención es “identificar, localizar y alertar amenazas y riesgos a través del ciberespacio”.

Además, se plantea desarrollar programas de capacitación para la formación y entrenamiento del personal que trabaja en el Sistema de Inteligencia.

Según un estudio de la Flacso-2017, el actual sistema carece de un marco legal que especifique al detalle su funcionamiento. “No contar con eso impide marcar límites, responsabilidades, controlar recursos; complica ejercer actividades de recolección de datos”.

En la propuesta se establece que los entes que conforman el Sistema de Inteligencia tienen la obligación de entregar información continua al CIES.

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