El proyecto de Ley de Salud e Higiene Menstrual se trató en la sesión 773 del Pleno de la Asamblea y pasó el primer debate. El objetivo de la norma es regular la gestión menstrual a través del acceso y uso de productos de higiene saludables y sustentables, señaló Marco Molina, presidente de la Comisión del Derecho a la Salud. Se busca hacerlo de manera focalizada y progresiva para las personas menstruantes, en condiciones dignas y equitativas.
Además, el legislador explicó que el proyecto se origina porque la mayoría de adolescentes y mujeres que viven en la pobreza no tienen acceso a productos de higiene menstrual. “Con esta propuesta de ley se beneficiarán estudiantes de unidades educativas públicas, personas usuarias de los servicios públicos de salud en condiciones de vulnerabilidad y personas privadas de la libertad. Se priorizará aquellas pertenecientes a la ruralidad”.
Representantes de las personas menstruantes sostuvieron durante el debate que se padece la falta de insumos sanitarios. Dijeron que no se trata solo de entregarlos, sino de proveer información y educación. Entre ellas estuvieron Salomé Cisneros, Bernarda Cornejo, Valeria Galarza y Camila Albuja, de la Red en Rojo, una agrupación dedicada a la salud y educación menstrual. También fue expositoras Aimé Maza Valle, del Movimiento de Mujeres de El Oro.
Un cambio en el concepto de la ley
En el debate intervinieron 11 asambleístas, quienes, en su mayoría, destacaron que este proyecto de Ley es importante para la salud menstrual y para facilitar el acceso a sus productos. Sobre todo para quienes menos poseen.
Sugirieron modificar el concepto de higiene por el de gestión en el título de la norme y, entre otros temas, señalaron que la Ley debe ser integral. Es decir, que se debe establecer qué instituciones se encargarán de la entrega de los productos de higiene menstrual. También se dijo que se incluya de la medicina ancestral, respetando sus prácticas; y que se priorice la educación para mujeres de las comunas y nacionalidades.
Los legisladores también enfatizaron en que la ley tendría un impacto en el gasto público. Por ello dijeron que señalar las fuentes de financiamiento es importante para que la normativa sea viable y sostenible. Por ello, señalaron que se requiere contar con los estudios de factibilidad pertinentes.
Una vez finalizado el debate, la Comisión del Derecho a la Salud receptará las observaciones y sugerencias, con el fin de elaborar el informe para segundo debate.