5 de diciembre de 2019 00:00

María Sol Larrea vinculó a Ramiro González en un delito

Audiencia de formulación de cargos en contra de María Sol Larrea, este lunes 2 de diciembre del 2019. Foto: Diego Pallero EL COMERCIO

Audiencia de formulación de cargos en contra de María Sol Larrea, este lunes 2 de diciembre del 2019. Foto: Diego Pallero EL COMERCIO

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Sara Ortiz

Ramiro González tuvo un papel protagónico en una supuesta trama de corrupción dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

Esta información proviene de la Fiscalía. Los investigadores determinaron que desde su cargo como Presidente del Consejo Directivo habría intervenido para beneficiar a una compañía en la adjudicación de un contrato por USD 2,9 millones, para proveer servicios de limpieza a los hospitales de Santo Domingo de los Tsáchilas y Babahoyo, el 2009.

“Yo sé y conozco que fue del interés del economista González la adjudicación de este proceso a la empresa (que ganó), presionando a los miembros de la comisión técnica para su adjudicación”, declaró María Sol Larrea a la Fiscalía. La versión de la exfuncionaria y persona de confianza del expresidente del IESS es parte del expediente por tráfico de influencias, juicio en el que ella fue sentenciada a un año de cárcel y cuya pena ya cumplió.

González también está procesado en calidad de autor en este caso. Pero su juicio está suspendido hasta que sea capturado. Desde el 2017 se encuentra en Perú, en donde tramita un pedido de refugio. Esta estrategia legal frenó la extradición, luego de haber sido detenido en abril pasado.

María Sol Larrea vinculó a Ramiro González en un delito

La investigación de la Fiscalía sostiene que la intervención de González en esa licitación “facilitó” que el IESS contratara a una empresa con menos de dos años en el manejo de protocolos sanitarios, cuando los requisitos pedían justamente más de 24 meses de experiencia.

Según el proceso, la firma tampoco entregó los manuales que permitieran observar su experticia en la aplicación de las normas establecidas en el Reglamento del Manejo de Desechos Infecciosos y de Bioseguridad. La Contraloría, a través de un examen especial, también determinó que no hubo necesidad de contratar estos servicios y que no existieron sustentos legales, técnicos ni económicos para establecer el monto del contrato.

Pese a todos estos obstáculos, la licitación se concretó. ¿Cómo fue posible? De acuerdo con la Fiscalía, el extitular del IESS puso a personas de su confianza en la comisión técnica, quienes calificaron con alto puntaje a la empresa que recibió el contrato.

Por ejemplo, la comisión asignó 20 puntos -la calificación más alta- en el ítem de personal calificado. El requisito solicitado era que la firma contara con 45 operarios y 5 supervisores de limpieza.

Sin embargo, la compañía entregó “33 hojas de vida sin que se evidenciaran certificados o acreditaciones que demuestren la capacitación del personal”, indicó Fiscalía.

Otra irregularidad fue que Larrea, entonces coordinadora Nacional de Unidades Médicas, propusiera al Directorio del IESS la contratación de una compañía de limpieza, pues esto, según ella, ahorraría dinero al Estado.

Sin embargo, la Contraloría en su informe indicó que la propuesta de Larrea “no obedeció a un proceso de planificación, que permita determinar las necesidades de los servicios de limpieza, bajo parámetros medibles y cuantificables, adecuados a la realidad funcional de las dos casas de salud”. Larrea también solicitó la aprobación del presupuesto y en un primer momento planteó que el contrato sea para cinco años, pero González lo redujo a dos años. Todo este proceso se llevó a cabo sin estudios de mercado y “gracias al aval del Consejo Directivo del IESS”, indica uno de los investigadores del caso.

En los archivos de la Función Judicial, González solo aparece pro­cesado por un caso, mientras que Larrea ha recibido cuatro condenas y tiene dos casos abiertos. En este momento ella está con prisión preventiva, en la cárcel de Ambato.

Una de las últimas causas en su contra tiene relación con la importación de medicamentos por USD 6,5 millones, por la cual fue procesada por supuesto peculado. Sin embargo, según la Secretaría Anticorrupción, en este entramado habría también participado González. Pero contra él no se han presentado cargos aún.

Además, el 24 de enero de este año, la Contraloría remitió a la Fiscalía General dos informes con indicios de responsabilidad penal en los que González está involucrado. Con base en estas auditorías, en el IESS se abrieron dos indagaciones por supuesto peculado y tráfico de influencias.

Este Diario trató de hablar con el abogado del exfuncionario, pero no fue posible. En entrevistas anteriores Raúl Rosero, abogado defensor, señaló que su cliente solo dispuso iniciar el proceso de contratación, pero que esta decisión no la tomó solo sino que fue una resolución del Consejo Consultivo, integrado por tres personas. También sostuvo que González no debe ser condenado solo “con la versión de una coprocesada”.

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