El conversatorio con los medios de comunicación se cumplió en la Gobernación del Azuay, en Cuenca, con la presencia del viceministro del Interior, Andrés de la Vega (izq); el gobernador del Azuay, Xavier Enderica (2-izq); Ministra de Justicia, Rosana Alvarado; el Fiscal de Azuay, Lizandro Martínez (der), entre otras autoridades. Foto: EL COMERCIO
Este 2017 se han registrado amotinamientos, riñas y hasta se abrieron procesos judiciales por supuesta red de extorsión que operaban desde el interior de las cárceles de Azuay, Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Cañar, El Oro, entre otras provincias.
Para dar respuestas sobre el tratamiento de estos problemas, este lunes 11 de septiembre del 2017 estuvo en la capital azuaya la ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Rosana Alvarado. Allí habló de los tres casos más recientes ocurridos en las cárceles de Esmeraldas, Jipijapa y Cuenca.
El amotinamiento en la cárcel de Esmeraldas fue la tarde del último sábado y hay 14 personas detenidas para investigaciones, dos de ellos agentes de seguridad. Según Alvarado, la riña habría empezado por la compra de un chip de teléfono de un agente de seguridad a una persona privada de la libertad.
La Ministra señaló que afuera este acto es inofensivo, pero dentro de una cárcel es una bomba y está prohibido por la ley. “El agente no debía hacer este negocio por minúsculo que sea, porque es una persona que está a su cargo. No puede circular dinero y es una infracción por donde se le vea”, dijo.
Este hecho dejó 10 heridos leves de las dos partes, con armas cortopunzantes. Según Alvarado, por este caso también se judicializará a los causantes de los daños físicos en los ambientes y pabellones de este centro penitenciario que terminó su remodelación hace tres semanas. Las visitas a los familiares de los internos sigue suspendida.
El otro caso de intento de amotinamiento que ocurrió el domingo, según Alvarado, fue porque se hizo revisión y requisas de los productos que ingresaban los familiares a los presos. Este incidente también dejó cinco heridos pero fue controlado con la presencia de la Policía.
Asimismo, ha llamado la atención en los últimos días el caso de extorsión al interior de la Centro de Rehabilitación Social de Turi, en Cuenca, que habría ocurrido en el 2016. La Fiscalía abrió una investigación contra 23 personas, que supuestamente operaban en la red, entre ellos presos, familiares y tres ex funcionarios del centro.
Entre el lunes 4 y martes 5 de septiembre se cumplió la audiencia preparatoria de juicio en una de las salas de la Corte de Justicia de Cuenca y al momento se espera el fallo de la jueza, Sonia Cárdenas. La ministra Alvarado pidió “que se sancione con toda la dureza a las personas involucradas”.
Ella explicó que el ex director del centro penitenciario, involucrado en este caso, renunció en mayo pasado con el cambio de Gobierno. Finalmente, la ministra Alvarado descartó que sean ciertas las quejas de las personas privadas de la libertad y familiares sobre la supuesta mala alimentación, tratos y privilegios dentro del centro de Turi.