La Comisión de Fiscalización conoció la resolución para la suspensión del juicio político contra la fiscal Diana Salazar.
La delegación revisó los sustentos, que incluyen la certificación del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) sobre el embarazo de riesgo que atraviesa Diana Salazar.
Pamela Aguirre, presidenta de la Comisión, definió que se elabore un expediente completo con la solicitud de juicio político y los documentos remitidos por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) sobre la suspensión del proceso.
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El objetivo del informe es contar con los elementos para que, cuando se superen las causales del aplazamiento, se pueda reactivar el juicio político.
Otros pedidos de juicio político
Mientras se define el destino de Diana Salazar, la Comisión de Fiscalización conoció el pedido para el juicio político contra de Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, detenido en el centro de privación de la libertad La Roca.
Terán es procesado en el caso Metástasis y en Independencia Judicial. En el pedido acogido por la comisión están los exvocales Xavier Muñoz y Maribel Barreno.
¿Quién impulsa el pedido y por qué?
La propuesta llegó de manos del asambleísta Jorge Peñafiel. Las razones que dio fueron el incumplimiento de funciones establecidas en la Constitución y la Ley.
La Secretaría de la Asamblea notificará a los exfuncionarios sobre el proceso. En el plazo de 15 días deberán presentar las respuestas respectivas, así como las pruebas de descargo.
La solicitud cumplió con el número mínimo de firmas (38) de respaldo. Esta también cuenta con el anuncio de las pruebas. Los requisitos para el pedido de juicio político constan en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Interferencia en la justicia
Según Jorge Peñafiel, los exfuncionarios serían responsables de la vulneración del sistema de votación e irregularidades en el proceso de suspensión y destitución del juez Sammo Macías.
En los argumentos se suma la extensión de los períodos de los jueces de la Corte Nacional de Justicia, sin un concurso. Además, las irregularidades en el concurso de oposición y méritos para la selección de los magistrados.