Fiscal dice que Jorge Glas facilitó delito de asociación ilícita

En la tarde del lunes 21 de agosto, Jorge Glas dijo que no hay pruebas en su contra. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

En la tarde del lunes 21 de agosto, Jorge Glas dijo que no hay pruebas en su contra. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Este lunes 21 de agosto del 2017, el fiscal Carlos Baca, junto con Diana Salazar, anunció la vinculación penal. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

La cooperación de José Conceição Santos, exdirectivo de Odebrecht-Ecuador, es uno de los principales indicios recopilados por la Fiscalía contra el vicepresidente Jorge Glas.

La fiscal Diana Salazar, coordinadora nacional de la Unidad de Lucha Anticorrupción, citó los audios y videos entregados por el delator para advertir que Glas, como ministro y vicepresidente, “facilitando así la consumación del ilícito”. En ese proceso, por asociación ilícita, es indagado su tío, Ricardo Rivera, y otros seis sospechosos.

Este lunes 21 de agosto, tras dos meses y medio de investigaciones, Salazar informó que halló 10 indicios que involucrarían al Vicepresidente en la trama de corrupción de Odebrecht.

Ante esto, la Fiscal anunció que deja el caso, tomando en cuenta el numeral 9 del art. 404 del Código Penal. Según esa figura legal, si entre las personas procesadas hay alguna que goce de fuero de Corte Nacional de Justicia (CNJ), el expediente lo tramitarán el Fiscal General y los jueces nacionales.

Ayer, el fiscal Carlos Baca confirmó que el caso pasó a su despacho y que pedirá día y hora a la Corte Nacional de Justicia (CNJ) para vincular a Glas. Baca habló 93 segundos, sin preguntas. Dijo que actúa “en derecho, objetiva y éticamente, sin perseguir a nadie ni dejar impune ningún delito”.

En la tarde del lunes 21 de agosto, Jorge Glas dijo que no hay pruebas en su contra. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

La vinculación penal de un vicepresidente requiere la aprobación previa de las dos terceras partes de la Asamblea Nacional: 91 votos.

Desde la Vicepresidencia, Glas señaló que no le han encontrado “ningún centavo mal habido” y que la vinculación se hará sin “prueba alguna”. “Algunos políticos me declararon culpable y han buscado destruirme a mí y a mi familia durante los últimos dos años”.

Para demostrar que no debe nada, Glas pidió al bloque legislativo de Alianza País que dé paso a la autorización que se necesita para que la CNJ fije la fecha para la vinculación.

“Insto a los señores fiscales y jueces que actúen sin presiones políticas ni mediáticas. Actúen con justicia, con la verdad”, dijo Glas. “Si él (Rivera) ha usado mi nombre tiene que responder ante la Justicia”.

En la conferencia de prensa, sin preguntas, Glas agregó: “Esta nueva etapa solo constituye una nueva oportunidad para demostrar mi inocencia”.

En el escrito enviado a la Unidad Penal de Quito, la fiscal Salazar asegura que Odebrecht armó una estructura con sus directivos, funcionarios públicos y empresarios para obtener proyectos emblemáticos ejecutados por la anterior administración, como Poliducto Pascuales - Cuenca, Trasvase Daule - Vinces, Central Hidroeléctrica Manduriacu, Refinería del Pacífico y Acueducto La Esperanza.

Para la Fiscal, Glas, en su calidad de ministro y vicepresidente, “ejerció directa influencia” debido a que estuvo encargado de los sectores estratégicos, entre el 2012 y el 2016.

Precisamente, en ese tiempo se adjudicaron las cinco megaobras a Odebrecht. Los contratos iniciales, complementarios, órdenes de trabajo, de cambio y pagos por reajustes de precios de esos proyectos costaron USD 1 368 millones.

Pero la investigación también abarca años anteriores a la firma de esos contratos; por ejemplo el retorno de la constructora brasileña en el 2010.

Entre los indicios recopilados por la Fiscalía constan la versión de Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia. El 31 de julio, Mera sostuvo que las negociaciones para el regreso de la empresa “las hacía el entonces ministro Glas”. Y que él era el encargado de coordinar todas las grandes obras del gobierno relacionadas con electricidad, petróleos, telecomunicaciones, riego y encauzamiento de ríos.

Lo mismo declaró Carlos Villamarín, actualmente detenido. Según su versión, el Ministerio Coordinador de Sectores Estratégicos definía qué proyectos debían ejecutarse y, dependiendo del financiamiento, disponían a qué empresas llamar para los concursos.

Con el anuncio de vinculación del Vicepresidente, la audiencia prevista para mañana quedó diferida. Para ese día, Salazar tenía previsto procesar a Conceição Santos, Mauricio Grossi Neves, Ricardo Vieira y Claudemir Simoes Dos Passos, todos exdirectivos de Odebrecht en Ecuador. Además, al exgerente de la Refinería del Pacífico, Freddy Salas, y al exgerente la petrolera venezolana Pdvsa, Alexis Arellano.

Una vez que la CNJ fije fecha para la vinculación de Glas, el Fiscal General deberá imputar a estos exdirectivos. Ninguno de ellos permanece en el país.

Ayer, Giovanny Freire, juez de Pichincha, quien tramitaba el expediente de asociación ilícita, también anunció que dejará el proceso. En la tarde envió los documentos a la CNJ.

En su escrito, el juez asegura que tanto el vicepresidente Glas, como el excontralor Calos Pólit, gozan de fuero de Corte y no le corresponde hacerse cargo de esta causa.

Pólit era indagado solo por supuesta concusión, pero en el texto de la fiscal Salazar se dice que ahora también se lo indaga por posible asociación ilícita.

En contexto
Actualmente, por el caso Odebrecht hay cuatro procesos en fase pública de investigación. Uno por asociación ilícita, otro por concusión y dos por lavado de activos. En este último caso está procesado el exministro de Energía, Alecksey Mosquera.

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