El informe de la Ley de Aguas, en 45 días

Redacción Política

El primer debate sobre la Ley de Aguas concluyó ayer en la mañana. Desde hoy,  la comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional tiene 48 horas para receptar las sugerencias.

Lourdes Tibán (Pachakutik) fue la primera en presentar por escrito sus observaciones al presidente de la Comisión, Jaime Abril (A. País) . Una de sus preocupaciones  es  que existe una confusión entre el rol del Estado y el rol de la Autoridad Única.

Pese todavía a que no está resuelta la composición colectiva de la autoridad única,  Tibán plantea que “es necesario  definir roles del Estado y roles de la Autoridad Única”. También    insiste en que la consulta previa  a las comunidades en  la toma de decisiones  debe considerarse  para  llegar a  consensos. 

La participación de los campesinos, indígenas, pequeños productores, representantes de los gobiernos seccionales, sectores productivos y  otros usuarios del recurso    en las decisiones  es uno de los temas que más inquieta al sector indígena.

La conformación del Consejo Plurinacional del Agua fue una de las  propuestas de este sector. Sin embargo, aún está por definirse si tendrán poder de decisión en la gestión y administración de las fuentes.

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) prepara sus observaciones   para el segundo debate del proyecto de Ley.  Solo se tomarán en cuenta  las acotaciones de la sociedad civil que tengan el respaldo de asambleístas.

Para Humberto Cholango, presidente de la Ecuarunari (regional Sierra de la Conaie),  en el Pleno “se evidenció que  en el bloque de Alianza País hay sectores privatizadores   que no quieren ceder sus privilegios”. Asegura que el asambleísta Rolando Panchana es uno de ellos. 

Aclaró que con la  comisión hay  coincidencias, pero también  temas que  no están claros como   la  auditoría     y la redistribución del agua.   
 
Otro  punto  polémico es el artículo 97  que dice: “El aprovechamiento del agua para su  comercialización envasada se realizará   por empresas públicas, comunitarias, mixtas o de la economía popular y  solidaria, por sí mismas o en alianza con gobiernos seccionales (...)”.

Según un comunicado público de la  Asociación de Productores Industriales del Agua, si se  aprueba esta disposición,  se coartará los artículos 33 y 318de la  Constitución. Este último indica que “se requerirá autorización del Estado para el aprovechamiento del agua con fines productivos por parte   de los sectores públicos, privados y de la economía popular y solidaria, de acuerdo con la Ley”.