Hernán Salgado es el postulante que mejor puntuación alcanzó en el proceso para conformar la Corte Constitucional, con 88 puntos. Foto: Archivo EL COMERCIO
El proceso para conformar la Corte Constitucional (CC) se acerca a su recta final. Ernesto Albán, coordinador de la Comisión Calificadora, entregó al Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) transitorio el informe con las calificaciones de los 21 postulantes para ese Tribunal. Los nueve mejor puntuados serán designados, pero aún falta una fase: la impugnación.
El comisionado entregó el documento la tarde de este martes, 18 de diciembre del 2018. Albán aseguró que el informe recopila todas las calificaciones del proceso. Es decir, aquellas de la primera fase, en las que se revisó los documentos de los participantes, como su formación profesional, títulos obtenidos, cursos realizados, experiencia y producción académica. Esto se calificó sobre 50 puntos.
Posteriormente, vino la fase de oposición, que incluyó un examen escrito (20 puntos) y una comparecencia oral (30 puntos). Albán indicó que el examen escrito fue “muy puntual y estricto”.
Una vez que se notificaron las calificaciones, ahora se abrirá una fase de revisión e impugnaciones. Se prevé que la nueva CC esté conformada a mediados de enero del 2019.
Si la Corte fuese designada por los mejor puntuados, sin esa fase de impugnación, la Corte Constitucional quedaría integrada por Hernán Salgado, el postulante que mejor calificación alcanzó con 88 puntos. Le siguen Teresa Nuques (82,5), Agustín Grijalva (81,5), Ramiro Ávila (81), Alí Lozada (73,5), Daniela Salazar (71,6), Enrique Herrería (71), Carmen Corral (70,5) y Karla Andrade (67).
Albán apuntó que los nueve postulantes mejor puntuados serán los magistrados titulares de la Corte Constitucional. Los nueve candidatos que les sigan en puntaje conformarán la lista de elegibles, es decir, quienes en un momento dado podrían reemplazar a los titulares en caso de ausencia definitiva o temporal.
Las notas de los 21 postulantes para la Corte Constitucional:
Albán espera que la nueva CC esté conformada hasta mediados de enero del 2019. Aunque no descartó que sea antes.
Entre los nueve mejor puntuados de la lista de ayer hay seis candidatos mocionados por la Función de Transparencia (Salgado, Grijalva, Ávila, Lozada, Salazar y Corral).
Asimismo, hay tres aspirantes que fueron propuestos por el Ejecutivo (Nuques, Herrería, Andrade). En los primeros nueve de la lista no hay ningún candidato de la lista que envió la Asamblea Nacional.
Vanesa Aguirre, una de las comisionadas que evaluó a los participantes, subrayó que para el concurso se analizaron todos los factores descritos en el mandato de designación.
“La Comisión ha hecho el trabajo de no sobrevalorar ningún ítem”, manifestó. Agregó que esta lista preliminar de notas podría variar si el Cpccs da paso a algún recurso de revisión.
Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha y miembro de la Comisión Calificadora, dijo que los nueve candidatos de la lista preliminar conformarían una “corte de lujo”.
David Ochoa, experto en Derecho Constitucional, apuntó que ninguno de los postulantes indígenas logró estar entre los mejores nueve. En cuanto a equidad de género, dijo que en la lista hay cinco candidatos hombres y cuatro mujeres.
“No se sabe si el Cpccs realizará algún mecanismo de acción afirmativa por los postulantes indígenas”, dijo.
El experto cree que una vez que se oficialice la conformación de la CC, los magistrados deberán dar trámite a las más de 14 000 causas represadas.
Ismael Quintana, por su parte, cree que los nuevos magistrados deben garantizar la seguridad jurídica y sustanciar las causas en orden cronológico, y no de una manera arbitraria como ocurrió con la Corte que fue cesada.
Entre los procesos represados existen varias demandas de inconstitucionalidad. Aunque el grueso de casos corresponde a acciones extraordinarias de protección y a otras garantías jurisdiccionales, como recursos de habeas corpus.
El país está en una denominada “vacancia constitucional” desde septiembre pasado, cuando el Consejo de Participación cesó de sus cargos a los nueve jueces constitucionales. Uno de los argumentos fue su vinculación política.