Al Estado le quedan exactamente 19 días para responder la demanda que interpusieron los hermanos William y Roberto Isaías.
Los exdueños de Filanbanco han emprendido una arremetida lucha contra cuatro instituciones públicas para recuperar sus bienes, incautados en 2008, por la extinta Agencia de Garantía de Depósitos (AGD).
Juicio contra el Estado
Para lograr ese objetivo han acudido a múltiples procesos y acciones legales. La más importante, precisamente, es en la que piden que el Estado les indemnice con más de USD 2 000 millones.
Para los hermanos Isaías ese sería el monto total que el Estado les adeuda por los bienes incautados; pues, según su defensa, los activos que ellos tenían están valorizados en USD 1 500 millones. Este monto sería superior a los USD 1 088 millones que se determinaron como perjuicio de Filanbanco en la crisis financiera del 2000.
Ese valor fue estipulado en 2012 por la Unidad de Gestión y Ejecución de Derecho Público del Fideicomiso AGD-CFN No más Impunidad (Ugedep), entidad que reemplazó a la AGD.
De allí que los Isaías han señalado que esos decomisos “fueron ilegales” y por eso, dentro de la demanda al Estado, se indica que parte de la indemnización es por los intereses que los bienes habrían producido en los años que fueron incautados. Además, se coloca un monto de USD 15 millones para el pago de todos los costos procesales y abogados que ha generado las acciones legales.
Pero, ¿cuántos bienes son en total y cuáles son sus avalúos?
Esa pregunta ha sido una interrogante constante en los últimos 22 años. Incluso, los abogados de los Isaías no tienen el dato oficial, pero señalan que es una gran cantidad y los registros están en el proceso judicial. En informes judiciales se habla de que podrían ser hasta 900 bienes. Otros documentos advierten que son 195.
El valor de estos tampoco está definido por completo. La extinta AGD tenía registros de que las propiedades de los banqueros bordeaban los USD 908,6 millones. Pero en 2014, durante los juicios de insolvencia que el Estado planteó a los banqueros, un síndico de quiebra evaluó las propiedades por USD 1 500 millones.
De allí que esta nueva demanda de los Isaías ha generado que la Procuraduría, junto al Banco Central, Superintendencia de Bancos y la Secretaría de Gestión Inmobiliaria se reúnan para responder al proceso. Las cuatro entidades están en la elaboración de informes para sustentar sus alegatos.
De hecho, la Procuraduría ha señalado que se encuentran “coordinando la estrategia de defensa y la contestación a la demanda”.
Este proceso se inició con un antecedente ocurrido en mayo de 2021. En ese mes, los hermanos Isaías fueron declarados inocentes por la Corte Nacional de Justicia por el delito de peculado. De allí que ese argumento ha sustentado parte de los procesos legales.
Otros bienes en disputa
La indemnización millonaria no es la única forma en que los banqueros han intentado recuperar sus bienes. Los exdueños de Filanbanco también han emprendido medidas cautelares y acciones de protección para evitar que el Estado venda sus propiedades.
EL COMERCIO tuvo acceso a uno de estos expedientes judiciales. En ese documento se detalla que los hermanos Isaías mantienen en disputa 11 terrenos en Guayas. La mayoría de ellos situada en Durán, Yaguachi y Guayaquil.
Según los registros de cada propiedad, son terrenos de gran extensión territorial y cuyo valor está por determinarse, pero sin duda es una cantidad millonaria.
En total, son 1 083 hectáreas que están en disputa desde 2018. En ese año se planteó la medida cautelar y los litigios hasta ahora siguen pendientes. Así lo señaló Jorge Zabala, uno de los abogados de los hermanos Isaías en Ecuador.
El jurista indicó a este Diario que lo que se intenta evitar con estos procesos es la enajenación de los bienes. Es decir que los terrenos pasen a manos de terceros o se realice un contrato de venta.
Pero no son los únicos bienes que les interesa recuperar a los Isaías. En el expediente también figuran otras propiedades en Pichincha. En Quito, por ejemplo, los exdueños de Filanbanco quieren que regrese a sus manos un departamento que está situado en un edificio de la González Suárez.
Otra propiedad en disputa es otro inmueble en una urbanización en Llano Chico, al nororiente de la capital. Estos bienes fueron traspasados legalmente, en 2016, a Inmobiliar. Esta entidad ha sido parte de una decena de instituciones públicas que el Estado ha puesto como administradores de los bienes incautados a los banqueros. Entre esos bienes que ahora son parte del Estado están medios de comunicación, como TC Televisión, Gamavisión y algunas radios de Guayaquil.
Otros bienes, como la mansión que tenían en Lumbisí (oriente de Quito), fueron utilizados para montar la Secretaría de Inteligencia (Senain). Hoy en día ese inmueble se mantiene bajo custodia de la Policía.
Todos estos procesos han evitado que los bienes sean subastados públicamente y que los acreedores recuperen su dinero.