11 de marzo de 2019 19:39

Gobierno se comprometió a ejecutar cuatro acciones como parte del acuerdo con el FMI

El objetivo del plan es reducir la relación de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB)

El objetivo del plan es reducir la relación de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB). Foto: Enrique Pesantes / EL COMERCIO

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Mónica Orozco
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El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy, 11 de marzo del 2019, un acuerdo de financiamiento para apoyar el Plan Prosperidad presentado por el Gobierno de Ecuador.

El programa ecuatoriano contempla un objetivo central y cuatro acciones, según detalló la directora Gerente del FMI, Christine Lagarde.

La funcionaria señaló que el foco del programa de las autoridades es llegar a una posición fiscal sólida apoyándose en el acuerdo a tres años con el Fondo, que contempla desembolsos por hasta USD 4 200 millones.

El objetivo del plan es reducir la relación de la deuda pública sobre el Producto Interno Bruto (PIB); en definitiva, Ecuador busca reducir el peso que representa el endeudamiento para la economía.

Para ello, según Lagarde, Ecuador planteó combinar cuatro acciones, algunas de las cuales ya se habían empezado antes del acuerdo. A continuación presentamos un detalle:

Reequilibrio de la masa salarial

Ecuador empezó un ajuste a la nómina del sector público desde este mes. Desde el 1 de marzo del 2019 funcionarios de varias entidades fueron notificados con la terminación de sus contratos ocasionales, pero no existe una versión oficial del número total de burócratas incluidos en esta medida.

Este Diario solicitó información al Ministerio de Trabajo, pero el titular de esa Cartera, Andrés Madero, dijo el pasado 6 de marzo del 2019 que corresponde a la unidad de Talento Humano de cada entidad estatal informar sobre el tema.

Un día después, a través de un comunicado, la Cartera señaló que el Gobierno ejecuta un proceso “responsable y permanente de reestructuración y optimización del sector público para volverlo más racional y eficiente en el contexto de austeridad y control del gasto presupuestario”, pero sin señalar el personal relacionado con las desvinculadas de este mes.

El ministro de Vivienda, Xavier Torres, confirmó que existe un plan de desvinculaciones que implica a 150 personas y que aún está en revisión.

De esa cifra, 81 ya dejaron la entidad.

Adicionalmente, la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas solicitó el 6 de febrero pasado que 21 empresas públicas remitan un plan de optimización para reducir el 10% de su nómina. Petroecuador anunció que saldrán 444 personas para cumplir con esa disposición.

Optimización cuidadosa y gradual de los subsidios a los combustibles

El país elevó el precio de la gasolina súper en agosto pasado del año pasado y retiró el subsidio de forma definitiva en diciembre de 2018. Desde este último mes, además, las autoridades incrementaron el precio de la gasolina extra y ecopaís, que pasaron de USD 1,40 a 1,85. Para el sector del taxismo, el Gobierno inició la entrega de tarjetas pre pago, que permitirán que los conductores compren cupos de los derivados con subsidio.

Además, redujo el subsidio del diésel para el sector camaronero y atunero.

Re-priorización de los gastos de capital y bienes y servicios

Los Gobierno redujo el año pasado el gasto de capital e inversión, lo cual le permitió bajar el déficit fiscal. Inicialmente, el Fisco tenía previsto gasta USD 8 040 millones por este concepto, pero finalmente destinó 6 884 millones.

Reforma fiscal

El Régimen anunció cambios para fortalecer la autonomía del Banco Central del Ecuador (BCE). Para ello, analiza una reforma al Código Monetario y Financiero aprobado en el Gobierno anterior. De igual modo ha hablado de ajustes para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos.

El viceministro de Economía, Santiago Caviedes, señaló el 22 de febrero pasado que se acordó con el Fondo subir la recaudación de impuestos en 1,4 puntos del Producto Interno Bruto (PIB), hasta el 2021.

Una de las vías para cumplir ese objetivo, según anticipó el Ejecutivo, es revisar los incentivos y beneficios tributarios. En el país existen unas 130 exenciones. El sacrificio fiscal o también llamado gasto tributario por otorgar estos y otros beneficios sumó USD 4 907,4 millones al cierre del 2017. Entre ellos, está el beneficio de la deducción de gastos personales de las personas naturales, que permite reducir el impuesto a la renta a cancelar; la tarifa cero del impuesto a la renta para algunos bienes y servicios como alimentos, medicamentos, servicios de transporte de pasajeros, salud y servicios básicos; la devolución del IVA para la tercera edad; la reducción del 100% adicional del gasto en sueldos y salarios por nuevos empleos.

Caviedes precisó que a través de la revisión de las exenciones tributarias se podrían recaudar USD 2 500 millones. “Ya los tenemos identificados”.

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