El jueves 13 de agosto del 2015, un contingente de militares blindó el Palacio de Carondelet en Quito. Foto: Eduardo Terán / EL COMERCIO
Agotar todos los medios pacíficos disponibles. Esa es la consigna de los soldados que salen a las calles a controlar los disturbios. El mandato se repite a lo largo de las 290 páginas del denominado Manual de derecho en operaciones militares, un texto que se distribuye en los cuarteles del país desde el 2014.
En la última semana, grupos de uniformados salieron a las vías con esa orden. Se los vio en Cuenca, Zamora, El Chasqui… zonas en donde los manifestantes bloquearon las carreteras.
Otro contingente blindó los exteriores de la Corte de Justicia de Pastaza. En esa dependencia se desarrollaron las audiencias contra 33 detenidos tras el paro nacional del jueves.
En todos esos puntos, los soldados portaron el mismo equipo: casco, escudos antimotines y chalecos antibalas. Esa es la indumentaria que utilizan los llamados policías militares o ‘robocops’, especializados en el control de la seguridad interna.
Oficiales al frente de los operativos hablaron con los protestantes. El diálogo -según el instructivo de 2014- se lo emplea como medida preventiva.
Luego, si no hay acuerdos, viene la reacción: control físico, tácticas defensivas no letales que incluye el manejo de toletes, esposas, gases lacrimógenos, balas de goma y, como última opción, armas de fuego.
Este Diario constató el disparo de bombas lacrimógenas para dispersar a los indígenas que cercaron la vía Panamericana, en El Chasqui (Cotopaxi). El jueves 13 hasta allí llegaron uniformados con escopetas truflay, armas para lanzar bombas, y también soldados con fusiles.
En el manual se advierte que los equipos letales -armas de fuego- solo se activarán bajo tres circunstancias: en defensa propia o de otras personas, para evitar un delito considerado grave y que signifique una amenaza para la vida, o para capturar a los sospechosos que representen ese peligro.
Entre el jueves y viernes no se conocieron casos de uso de armas de fuego en las protestas.
En cada intervención, los militares operan, por lo menos, con igual o superior número que los manifestantes, según el personal de las FF.AA.
En la página 13 del instructivo se hace una advertencia: una vez agotados todos los medios pacíficos disponibles, el empleo de la fuerza es obligatorio. “Tal uso únicamente está legitimado para las FF.AA. y la Policía Nacional, pues el Estado deposita en estos organismos el monopolio del uso de las armas y, por ende, la tarea de defender con ellas los derechos”.
Los militares admiten que el mantenimiento del orden es “una tarea compleja”. Durante un disturbio, “debemos observar siempre el marco legal, el respeto a los derechos humanos y el uso progresivo de la fuerza para el control de multitudes, muchas veces enfurecidas y posiblemente armadas”.
Los mecanismos para no violar los DD.HH. se practican semanalmente en los destacamentos. Esos entrenamientos incluyen ejercicios apegados a situaciones reales, en donde se representan escenas de manifestaciones callejeras, con golpes, gritos y pedradas.
Los oficiales dicen que la consigna es neutralizar a aquellas personas que lideran la concentración. “Los funcionarios deben asegurarse de que las acciones puntuales se dirijan solo contra quienes infrinjan la ley y no afecten a testigos inocentes, para que puedan manifestarse sin interrupciones”.
Pese a esto, en las últimas horas, organizaciones sociales denunciaron “abuso de autoridad”. El viernes, por ejemplo, poco antes de la medianoche, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) cuestionó la “conducta de policías y militares” en los operativos ejecutados para replegar a los manifestantes.
En El Chasqui hubo críticas similares. Los indígenas denunciaron que policías y soldados emplearon bombas contra hombres, mujeres y niños que permanecían en la carretera.
Las autoridades se defendieron. Aseguraron que en Quito, en el primer día de movilizaciones, los manifestantes lanzaron bombas lacrimógenas.
MANUAL MILITAR
La presencia de soldados y el diálogo con manifestantes se los emplea como medidas preventivas durante la intervención en un disturbio.
El control físico y las tácticas defensivas no letales forman parte de las tareas reactivas. Toletes, esposas, gas o balas de goma se emplean para “contrarrestar o superar el nivel de resistencia del agresor”.
La última opción es el uso de armas de fuego, solo para casos de defensa propia o de otras personas, para evitar un delito grave y que signifique una amenaza.
En contexto
Los equipos que utilizan los militares en las tareas del control de la seguridad interna son parte de la inversión que ha efectuado el Gobierno en Fuerzas Armadas en los últimos ocho años. En ese período, el sector Defensa ha recibido USD 1 718 millones.
