El Fisco no puede usar el oro del BCE, plantea proyecto de Ley para la defensa de la dolarización
El Banco Central del Ecuador anunció que el pasado 20 de abril del 2020 recuperó las 240 000 onzas troy de oro (7,46 toneladas) usadas como respaldo para acceder a una línea de facilidad de liquidez temporal. Foto: Archivo/ EL COMERCIO.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea, se reúne este miércoles 10 de febrero del 2021, para calificar el proyecto de Ley para la defensa de la dolarización.
La iniciativa, remitida por el Ejecutivo como urgente, plantea proteger el sistema dolarizado con “independencia en la toma de decisiones de política monetaria y financiera”.
Eso implica cambiar la conformación del Banco Central del Ecuador (BCE) y de la Junta Monetaria, para que ya no estén a cargo del Ejecutivo sino de personas independientes (ver recuadros).
Esta no es la primera vez que el Gobierno intenta que se aprueben estos cambios. En el 2019, la Asamblea archivó una extensa reforma que incluía estos aspectos normativos.
Marcos López, representante del Ejecutivo ante la Junta Monetaria y Financiera, cree que ahora sí hay una posibilidad de aprobación, porque el nuevo proyecto incluyó preocupaciones de la Asamblea.
Por ejemplo, dijo, había rechazo de que sea el Ejecutivo el que nombre a los miembros del BCE y de la Junta, ahora serán elegidos por la Asamblea de una terna del Presidente.
El funcionario dijo que la reforma busca que el dinero de los depositantes, que la banca tiene en el BCE, esté cubierto en un 100% por las reservas líquidas del BCE. El Fisco tampoco podrá usar el oro del Central para financiar gasto.
Andrés Arauz, quien participará en la segunda vuelta electoral, pidió el archivo del texto, pues cree que es una Ley para privatizar al BCE.
Él dijo que el texto dejaría sin instrumentos para que el Gobierno pueda aliviar la enorme carga de endeudamiento de las familias. Él ha hablado de redirigir la liquidez del BCE (títulos o sobregiros) a bonos.
Yaku Pérez, uno de los aspirantes en disputa para ir al balotaje, en cambio, pidió ayer, 9 de febrero del 2021, al Presidente del país que no tome decisiones transcendentales como las que tienen que ver con la reforma monetaria, la seguridad social o la venta de activos. En cuanto al BCE, dijo que no privatiza. Antes, Pérez ha señalado que no tomará las reservas del banco porque eso está prohibido por Ley.
Guillermo Lasso, el tercer aspirante a la Presidencia, aún no se ha pronunciado, pero Patricio Donoso, de Creo, dijo a título personal que apoyará cualquier texto para evitar que los gobiernos se tomen el dinero del BCE, que es de la gente.
El catedrático Carlos de la Torre dice que el texto es inconstitucional, pues abre la puerta para que la banca maneje la política monetaria, cuando es potestad del Ejecutivo.
Augusto de la Torre, asesor del Gobierno, explicó que en ninguna parte del proyecto se dice que se va a privatizar al Central o que se entregará a los bancos. El objetivo es que el BCE actúe con independencia frente a los bancos regulados.
El concepto de ‘moneda virtual’ se elimina
El nuevo proyecto de Ley sustituye el artículo 101, que regulaba el uso de la moneda electrónica, y en su lugar establece que el Banco Central del Ecuador (BCE) y las entidades del sistema financiero nacional implementarán y operarán el uso de medios de pago electrónicos.
La norma establece que las transacciones realizadas con medios de pago electrónicos se liquidarán y, de ser el caso, se compensarán en el Banco Central del Ecuador, de conformidad con los procedimientos que fije su Directorio. Con eso, el riesgo de crear una moneda electrónica, como se temía en el Gobierno anterior, estaría inhabilitada, porque más bien se regula el uso de medios para transacciones electrónicas, dijo César Robalino, exministro de Finanzas.
Junta Financiera tendrá cuatro funciones
El nuevo proyecto de Ley propone que la Junta de Política y Regulación Financiera esté integrada por cinco miembros nombrados por la Asamblea, de los candidatos propuestos por el Presidente para un período de cinco años.
Deberán tener título de cuarto nivel en economía, finanzas, derecho, administración o auditoría.
Esta entidad tendrá cuatro funciones, entre ellas emitir las regulaciones que permitan mantener la solidez, sostenibilidad y estabilidad de los sistemas financiero nacional, de valores y seguros.
El organismo ya no definirá las tasas de interés ni la política monetaria. En la norma actual, la Junta está formada por los titulares de los ministerios de la política económica, de producción, de finanzas públicas y otros.
Cuatro sistemas para el balance del Banco Central
El balance del Banco Central se manejaría a través de cuatro sistemas que ya fueron implementados anteriormente en el país. El primer sistema, y el más importante, da prioridad a la atención de los pasivos claves para el funcionamiento del sistema de pagos, esto es el encaje conformado por el dinero de los depositantes.
Según Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la Universidad de las Américas (UDLA), con la cobertura del 100% de este sistema, se obliga al país a tener suficientes reservas para cualquier emergencia o una eventual corrida bancaria. Y, brinda certeza a los depositantes que han colocado su dinero en alguna institución financiera. Este objetivo debe alcanzarse en el 2026, detalla el proyecto.
El BCE tendrá un Directorio de cinco miembros
El Banco Central del Ecuador actualmente tiene un gerente. La reforma legal propone conformar un Directorio de cinco miembros que duren más allá de un período de Gobierno.
Además, el Central pasará a tener a cargo la política monetaria. También definirá el encaje que los bancos están obligados a tener en el BCE.
La entidad deberá también preservar y administrar la reserva internacional y otros activos de la institución. La entidad definirá las tasas de interés.
Para Augusto De la Torre, catedrático de la Universidad de Columbia, la principal implicación del proyecto es que se protege al Central en su rol de custodio de la dolarización y se define una clara posición de que no se debe financiar al fisco.