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La extracción se bloquea en Azuay

Redacción Cuenca

La extracción de materiales de construcción en el río Paute eleva el riesgo de un desastre. Un nuevo informe de Gestión Ambiental del Consejo Provincial del Azuay revela el aumento de la erosión en el fondo y en las márgenes del afluente.

Por la magnitud del problema, ayer se reunió el prefecto, Paúl Carrasco, con el gobernador, Oswaldo Larriva, y otras autoridades azuayas. Juntos analizaron el problema y acordaron acciones conjuntas que eviten un desastre similar al de marzo de 1993, en el sector de La Josefina.

12 millones
de euros invirtieron la Unión Europea y el Gobierno del Ecuador en la zona de Paute.

El nuevo informe revela que pese a que el Decreto 929 prohíbe en la zona minera especial la explotación de áridos, las actividades extractivas siguen de forma antitécnica, sin respetar los planes Maestro Hidráulico y de Estabilización del cerro Tamuga.

Lo mismo ocurre en las zonas 2 y 3 (zona del Tahual), aguas abajo del río Paute, donde la socavación de material pétreo destruyó umbrales.

Según Carrasco, la situación es tan crítica que pudiera prestarse para un desastre de magnitud y ocasionar cuantiosas pérdidas de vidas humanas. Además del colapso de procesos productivos y afección de las cuencas media y baja del río Paute donde están los proyectos hidroeléctricos Paute, Mazar y Sopladora.

Por eso, se ordenó la inmediata suspensión de toda actividad minera extractiva de áridos en la zona especial de La Josefina y del río Paute. Esto, amparados en el artículo 84 de la ordenanza que regula el Funcionamiento del Subsistema de Evaluación de Impactos Ambientales en la provincia.

Las notificaciones debían hacerse ayer a por lo menos siete dueños  de terrenos. En el informe se estableció que Agroindustrial Tomebamba, que opera frente al cerro Tamuga, no dispone de concesión ni el aval técnico del Consejo de Gestión de Aguas de la Cuenca del Paute (CG-Paute).

Allí se determinaron afectaciones a la estabilidad del cerro Shishío. El pie del talud fue intervenido a través de la explotación ilícita de material pétreo. 

En Chaquilcay, una concesión de siete propietarios, dispone de estudios técnicos para la recuperación de terrenos, pero no se hace de forma técnica, indica el informe presentado ayer.

En el documento se determinó que en Cahuazhún, los terrenos de Aurelio Bravo no tienen concesión minera ni aval del CG-Paute para la recuperación. Hay otras concesiones en San Pedro de Los Olivos y Monjashuaico.

Asimismo, otra resolución fue acudir ante el presidente Rafael Correa para solicitarle que mediante Decreto Ejecutivo todas las zonas 1, 2 y 3 sean declaradas de Utilidad Pública. Paralelamente, la Prefectura debía iniciar acciones legales de sanción.