Haciendo un mal cálculo de sus posibilidades y su capacidad de someter, el Régimen se mantuvo durante mucho tiempo cerrado a la posibilidad de escuchar a los sectores que, desde distintos puntos de vista e intereses grupales, clamaban porque se los escuchara.
Mientras se mantenía el hermetismo gubernamental -a veces reforzado con actitudes arrogantes y poco respetuosas al criterio ajeno-, dichos sectores fueron asumiendo actitudes radicales. Finalmente, cuando la presión ciudadana obligó al Régimen a sentarse a negociar, era tarde para la sensatez: los indígenas, sobredimensionando su fuerza y su representación en el Estado, posicionaron en su lista de exigencias temas complejos y desproporcionados.
Entre otras demandas, los dirigentes del movimiento han llegado a plantear la autonomía total para las provincias amazónicas, el control de los recursos naturales en determinadas zonas orientales y la declaratoria de zonas ecológicas a ciertas regiones en las cuales, si se hiciera efectiva esta idea, sería imposible explotar petróleo o desarrollar la industria minera.
Es triste para el país que las actitudes políticas intransigentes vayan ganando espacio y que pretendan suplantar los escenarios de deliberación y diálogo propios de una democracia. Pero es lógico que eso ocurra si, por el efecto cascada, desde los más altos niveles del poder político se multiplican acciones, expresiones y gestos totalmente reñidos con las necesidades globales de la sociedad.
Privilegiar los intereses particulares, sea de un movimiento político o de una fuerza social, sobre el resto de la comunidad hace mucho daño y puede llegar a abrir graves fisuras en una sociedad tan frágil como la ecuatoriana.