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La producción legislativa relacionada con la seguridad y la defensa aumentó durante el Gobierno de Daniel Noboa. Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se aprobaron 18 leyes vinculadas con estos ámbitos, según el informe actualizado del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos Llamas.
El registro se elaboró con información de la Asamblea Nacional y del Registro Oficial. La cifra constituye un recuento histórico de leyes aprobadas, pero no significa que las 18 estén completamente vigentes: dos fueron declaradas inconstitucionales y varios artículos de la Ley de Inteligencia permanecen suspendidos provisionalmente.
El informe contabiliza ocho normas durante 2024. Las primeras fueron la Ley de Creación de las Universidades de Seguridad Ciudadana y Ciencias Policiales; la Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción; y la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada.
Posteriormente entraron en vigor la Ley para enfrentar el Conflicto Armado Interno, la Crisis Social y Económica; la Ley de Cooperación entre el Estado ecuatoriano y la Corte Penal Internacional; y la normativa para el control del espacio aéreo.
El registro de ese año se completa con la Ley de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos y la Ley de Armas, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.
Durante 2025, el Observatorio incorporó otras seis leyes. Entre ellas constan la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia, la Ley de Integridad Pública y la Ley para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas.
A ese grupo se añadieron la reforma a la Ley de Movilidad Humana y la Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Esta última estableció incentivos tributarios para facilitar donaciones destinadas a mejorar las capacidades operativas de ambas instituciones.
Para 2026, el informe contabilizó cuatro normas adicionales: la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la reforma para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, la reforma para sancionar el uso delictivo de uniformes e insignias institucionales y la Ley de Extradición.
Esta última todavía esperaba su publicación cuando se cerró el informe, en julio. Posteriormente apareció en el Registro Oficial del 7 de agosto de 2026, según el registro de leyes aprobadas de la Asamblea.
La Asamblea registra las normas de manera individual, pero no publica un total específico bajo la categoría de seguridad y defensa. El informe actualizado tiene como fecha de corte julio de 2026.
Dentro de las 18 normas constan la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública, pese a que ambas fueron declaradas inconstitucionales el 26 de septiembre de 2025.
La Corte Constitucional concluyó que la Ley de Solidaridad Nacional vulneró el principio de unidad de materia y que no correspondía tramitarla mediante el procedimiento abreviado para proyectos económicos urgentes.
⚖️ Las demandas aceptadas se refieren a las leyes de Integridad Pública, Inteligencia y Solidaridad Nacional: https://t.co/MbSzovbBAF pic.twitter.com/uefAQlTD4U
— El Comercio (@elcomerciocom) August 5, 2025
En el caso de la Ley de Integridad Pública, el organismo identificó vulneraciones a los principios de unidad de materia, publicidad y deliberación democrática. La decisión también alcanzó a su reglamento y normas conexas, según informó la Corte Constitucional.
El informe también advierte que la Ley de Inteligencia enfrenta varias demandas de inconstitucionalidad. Como parte de la causa 86-25-IN, la Corte suspendió provisionalmente 12 artículos de la norma y varias disposiciones de su reglamento.
La Asamblea aprobó con 83 votos el proyecto que regula el apoyo complementario y subsidiario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional. El respaldo provino de ADN, el PSC e independientes, mientras 63 legisladores de la Revolución Ciudadana votaron en contra y tres de Pachakutik se abstuvieron.
La intervención militar será excepcional, temporal y motivada. No sustituirá a la Policía, no equivaldrá a un estado de excepción ni implicará automáticamente la suspensión de derechos.
Para activarla se requerirá una solicitud motivada de la Policía, un informe técnico de las Fuerzas Armadas, el pronunciamiento del Cosepe y un decreto del Presidente. La medida podrá durar hasta 180 días y renovarse por un máximo de 30 días.
El decreto deberá delimitar el territorio, el tiempo y el ámbito operativo de la intervención. Además, será notificado a la Corte Constitucional y a la Asamblea para su control posterior. El proyecto todavía no forma parte de las leyes contabilizadas en el informe, pues espera la sanción u objeción del Ejecutivo.
El Pleno conoció el 27 de agosto de 2026 el proyecto ‘Ley Antimafias‘. Después de la discusión, la propuesta regresó a la Comisión de Seguridad Integral para la preparación del informe para segundo debate.
La iniciativa plantea sancionar la pertenencia y colaboración con organizaciones criminales, incrementar las penas para sus dirigentes y financistas, y afectar los bienes empleados por estas estructuras. Las condenas podrían alcanzar los 30 años cuando los grupos estén relacionados con delitos de alto impacto.
https://t.co/1PJmKgrFPy El correísmo cuestiona la propuesta de Ley Antimafias de ADN pic.twitter.com/MXEwyIPrdP
— El Comercio (@elcomerciocom) August 27, 2026
Legisladores de ADN, el Partido Social Cristiano e independientes respaldaron el proyecto. La Revolución Ciudadana formuló observaciones y pidió que la respuesta no se limite al aumento de penas, sino que también persiga las finanzas y el patrimonio del crimen organizado.
La ‘Ley Antimafias’ todavía puede sufrir modificaciones durante su tratamiento y tampoco forma parte de las 18 normas registradas por el Observatorio.
Entre noviembre de 2023 y julio de 2026 se aprobaron 18 leyes vinculadas con seguridad y defensa, según el informe actualizado del Observatorio Ecuatoriano de Conflictos Llamas.
La cifra corresponde al criterio de clasificación del Observatorio y no a un balance oficial del Gobierno o de la Asamblea Nacional.
No todas. Dos de las 18 normas fueron declaradas inconstitucionales y varios artículos de la Ley de Inteligencia permanecen suspendidos provisionalmente.
Las normas declaradas inconstitucionales fueron la Ley de Solidaridad Nacional y la Ley de Integridad Pública.
El informe contabiliza ocho normas en 2024, seis en 2025 y cuatro en 2026 hasta el corte de julio.
Entre las de 2026 constan la Ley para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía, la reforma al sistema penitenciario, la reforma para sancionar el uso delictivo de uniformes e insignias y la Ley de Extradición.
El proyecto cumplió su primer debate en el Pleno de la Asamblea el 27 de agosto de 2026 y regresó a la Comisión de Seguridad Integral para la elaboración del informe para segundo debate.
La propuesta plantea sancionar la pertenencia y colaboración con organizaciones criminales, aumentar penas para dirigentes y financistas y afectar bienes utilizados por estas estructuras. Todavía puede modificarse y no forma parte de las 18 leyes registradas.
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