Ley Antimafias pasa el primer debate en la Asamblea
La propuesa de Ley Antimafias que es impulsada por el oficialismo en la Asamblea tuvo cuestionamiento del correísmo durante el primer debate.
La Ley Antimafias pasó el primer debate en el Pleno de la Asamblea este jueves 27 de agosto de 2026. El proyecto fue remitido a la Comisión de Seguridad para que elabore el informe para segundo debate.
El primer debate de la Ley Antimafias en el Pleno de la Asamblea
El Pleno de la Asamblea Nacional conoció el informe para primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a Varios Cuerpos Legales para el Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales del Estado frente al Crimen Organizado, conocido como Ley Antimafias.
La propuesta plantea reformas penales, procesales, institucionales y patrimoniales con el objetivo de fortalecer la respuesta coordinada del Estado frente al crimen organizado y desarticular las estructuras que permiten su funcionamiento.
El proyecto está compuesto por 23 artículos. De ellos, 21 plantean reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y dos a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio.
¿Qué penas plantea la Ley Antimafias?
Entre las principales propuestas consta el incremento de las penas para quienes organicen, dirijan o financien Grupos de Delincuencia Organizada (GDO). La sanción pasaría de 22 a 26 años de prisión.
La pena podría aumentar de 26 a 30 años cuando el grupo criminal esté relacionado con delitos considerados de alto impacto, entre ellos narcotráfico, terrorismo, minería ilegal, sicariato, secuestro extorsivo o lavado de activos.
El proyecto también establece sanciones para quienes colaboren con los GDO mediante logística, infraestructura o recursos destinados al cometimiento de delitos. En estos casos, la pena podría llegar hasta 13 años de cárcel.
Otra de las reformas propuestas contempla penas de tres a cinco años de prisión para quienes provoquen la paralización del servicio de abastecimiento y distribución de combustibles cuando el desabastecimiento afecte servicios de salud, transporte u otros servicios en uno o más cantones de una misma provincia.
Además, la extracción, sustracción o apoderamiento de hidrocarburos y sus derivados podría ser sancionada con 10 a 13 años de prisión.
Debate entre asambleístas
Durante la presentación del proyecto, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón (ADN), sostuvo que el crimen organizado no busca únicamente controlar cargamentos de droga, sino también rutas, recursos económicos, información y mecanismos de protección.
Según la legisladora, las estructuras criminales buscan además corromper y penetrar instituciones encargadas de combatirlas. En ese contexto, señaló que, si el crimen organizado evoluciona, el Estado también debe hacerlo.
Desde el correísmo, la asambleísta Viviana Veloz (RC) cuestionó que el combate a las mafias se concentre únicamente en los GDO y las redes de narcotráfico. Veloz sostuvo que también deben abordarse las denominadas “mafias institucionales” y señaló al Consejo Nacional Electoral como parte de su planteamiento.
La legisladora agregó que la Ley Antimafias debería abordar otros temas, además del incremento de penas, para profundizar la respuesta frente al crimen organizado.
Por su parte, la asambleísta y presidenta de la Asamblea, Mishel Mancheno (ADN), calificó a la propuesta como una herramienta jurídica para enfrentar a organizaciones criminales que, según señaló, tienen capacidad para matar, condicionar a servidores públicos y judiciales y manejar importantes recursos económicos.
Mancheno sostuvo que la respuesta estatal debe abarcar los ámbitos procesal, judicial y las economías criminales.
El proyecto continuará su trámite legislativo luego de la presentación del informe para primer debate. Al tratarse de una propuesta en esta etapa, los contenidos planteados todavía forman parte del proceso de discusión y pueden ser modificados durante el trámite en la Asamblea Nacional.
