
La asambleísta Mishel Mancheno, de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), presentó este 1 de junio de 2026 un proyecto de ley antimafias. Esta iniciativa propone reformas a varios cuerpos legales para fortalecer la respuesta institucional del Estado frente al crimen organizado en Ecuador.
El proyecto contiene 14 reformas. De ese total, 11 corresponden al Código Orgánico Integral Penal (COIP), una a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y dos al Código Orgánico de la Función Judicial.
La propuesta busca cerrar vacíos que permiten que las organizaciones criminales operen, se expandan y recluten personas.
Mancheno sostiene que el crimen organizado no funciona como un delito aislado, sino como una estructura circular.
En el centro se ubica a la organización criminal y, alrededor, a los distintos anillos que la sostienen: quienes dirigen, quienes reclutan y quienes lavan activos, entre otros.
Las reformas al COIP modifican el delito de delincuencia organizada e incorporan figuras como pertenencia funcional y reclutamiento de personas con fines delictivos.
Además, actualizan delitos vinculados a hidrocarburos y refuerzan reglas sobre prisión preventiva y administración de bienes incautados.
La reforma a la Ley Orgánica de Extinción de Dominio incorpora reglas para la administración provisional y la asignación temporal de bienes sujetos a medidas cautelares. Esto se aplicaría cuando exista riesgo de deterioro o pérdida de valor, buscando evitar que los bienes vinculados a actividades ilícitas queden abandonados.
El proyecto también reforma el Código Orgánico de la Función Judicial. Una modificación incluye responsabilidad disciplinaria por falta de motivación en decisiones sobre prisión preventiva. Además, plantea la inhabilitación profesional para abogados condenados por delitos relacionados con el crimen organizado.
La iniciativa reforma el delito de delincuencia organizada para identificar roles dentro de una estructura criminal. También incorpora herramientas para sancionar a quienes pertenecen funcionalmente a una organización o facilitan recursos para su operación.
La propuesta también fortalece la respuesta penal frente a delitos relacionados con hidrocarburos y derivados. Exige una valoración más rigurosa del riesgo en casos de crimen organizado, incluyendo elementos como capacidad económica y control territorial.
Información extra: Asamblea Nacional